Los precios aprietan. Un amigo científico, magnífico intelectual, me llama alarmado. Su impresión es que la vida ha subido ¡un 30%!; habla de lo que paga de electricidad, de agua, en la compra… Hace una cuenta de la vieja con datos que asustan. Hay la sensación generalizada de que nos hemos quedado todos atrás, frente a aquel eslogan de que nadie iba a quedar descolgado. La culpa es de la guerra de Putin y toca sufrir, aunque leemos mensajes de esperanza. El prestigioso profesor de Economía Antón Costas sostenía a finales de agosto en El Faro de Vigo que no estamos ante un proceso inflacionario sostenido a largo plazo y que ya hay reducciones muy importantes en los precios de la mayor parte de las materias primas básicas.

No es esta la impresión del Banco Central Europeo que acaba de subir 75 puntos básicos los tipos de interés en la eurozona. Y avisa de nuevas duchas frías para refrigerar la economía. La tasa de interés puede llegar en febrero al 3%. La previsión de inflación del BCE en la zona euro es del 8,1% para 2022 y 5,5% en 2023. Esto tiene un agravante nacional: en julio la media de la UE ha sido del 9,8% mientras en España ha sido de un punto más. Y también hay una derivada regional perniciosa. Ese promedio español del 10,8% ha tenido un desigual reparto territorial; en Cataluña fue del 10,3%, pero en Andalucía subió al 11,2%. Añadan un último dato nocivo: el gobernador del Banco de España en junio explicó en el Congreso que la inflación media entre abril de 2021 y marzo de 2022 había sido de 4,9%, pero para el 25% de la población española con menos renta fue del 6%, mientras que al 25% con más renta sólo le subió un 4%.

Es decir que nos hemos quedado todos atrás, pero sobre todo las familias con menos renta y las regiones con menos PIB per cápita. Los hogares con menor renta sufren una inflación superior por el mayor peso en sus gastos de los bienes de primera necesidad. Lo que indica que es urgente que la Junta de Andalucía tome medidas para este segmento de la población. Surgen aquí tentaciones populistas y electoralistas en todos los gobiernos. La ocurrencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz de topar los precios de algunos productos de alimentación ha alarmado a los productores agrarios y evoca la época del estraperlo. La enmienda que lanzó a continuación de pactar precios con las grandes distribuidoras aviva la idea de una guerra de ofertas de los supermercados que perjudicaría al pequeño comercio. La ilusión de no dejar a nadie atrás desorienta. Y polariza; la pérdida de la prosperidad está creando resentimiento, odio y frentismo político.

En esto, un familiar me cuenta que los legendarios roscos de vino malagueños de Montañez han pasado de siete a nueve euros el kilo. Es una subida del 28,6%. Llamo a mi amigo científico para aplaudir su olfato estadístico. Los precios ahogan.

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