Salvador Illa será relevado como ministro de Sanidad la próxima semana. Le debería acompañar quien ha ejercido casi de portavoz del departamento y es el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El tipo ha aguantado meses muy duros de pandemia al frente de este centro, pero su credibilidad para la comunicación se ha ido agotando. Si la cepa británica del Covid iba a ser "marginal" en España, y así lo transmitió Simón, al cabo de pocos días nos informa que en marzo será la mayoritaria, con un sello del 50% sobre los contagios. Son demasiados los errores que han dañado la confianza que debe transmitir una persona desde esa atalaya. Simón es un fenómeno de la comunicación, pero todas las velas se terminan consumiendo si la exposición es constante.

Illa se marcha sin que haya explicado, de modo correcto, por qué no deja que los gobiernos autónomos puedan adelantar el toque de queda, lo que hubiese supuesto un semiconfinamiento, ya que población pasaría 12 horas en sus domicilios. Las comunidades no han solicitado esto para que sea obligatorio en todo el país, sino para que sea utilizada como instrumento allí donde haga falta. La respuesta de Illa es que las medidas anteriores a la Navidad -que ya son las actuales- funcionaron, pero cabe la duda razonable de que la cepa británica esté alterando el comportamiento de la curva de contagio. En cualquier caso, la pregunta de por qué el Gobierno central no lo desea queda sin respuesta.

Se me ocurren dos. La primera, que el Gobierno central teme que una modificación del estado de alarma le lleve a una nueva sesión en el Congreso donde se tenga que validar la reforma. Aunque el PP ha solicitado el adelanto a través de sus gobiernos autonómicos, es posible que se oponga en la Cámara, lo que daría fuerza a ERC o a Bildu para negociar otras cuestiones. Pongamos por caso, la suspensión de las elecciones catalanas. Ya saben que en política se juega mucho a todas las bandas.

La segunda razón sería más terrible. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que las elecciones no deben cambiar su fecha del 14-F porque, entre otras razones, la pandemia ha seguido el curso probable que se previó cuando se convocaron comicios. Un endurecimiento del estado de alarma, con un toque de queda a las ocho de la tarde y con opciones de confinamiento domiciliario, como proponen las comunidades, podría hacer cambiar de opinión a los jueces de Cataluña. Entonces, quizás, la causa de fuerza mayor sería realmente suficiente.