Qué pena de país

El sanchismo pone el acento en la detención del presidente y vicepresidente de la Diputación de Alicante, que andaban haciendo cuentas presuntamente delictivas con los dineros, aunque serán los tribunales los decidan si es adecuado el término “presuntamente”. Pero de momento el asunto se presenta mal para ellos.

Feijóo recibe malas noticias este principio de semana, aunque ninguna tan seria como las que recibe su adversario Pedro Sánchez. Tras el caso Mazón, que finalmente presentó su dimisión como presidente de la Generalitat, que completará con la dimisión de la presidencia del partido regional, Génova respiraba tras la bochornosa comparecencia de Mazón en el Congreso, donde la oposición del PP mostró sus peores formas, pero Mazón también. Entre faltones anda el juego.

No se acababa el día con la detención de los dirigentes del PP en Almería: la UCO, implacable en sus investigaciones sin tener en cuenta la militancia de los investigados, ha encontrado faltas en el comportamiento de Cerdán que van mucho más allá de lo que se creía en los primeros momentos, y además la llamada fontanera del PSOE ha puesto sobre la mesa otro nombre que es demoledor para el partido y el Gobierno: Antonio Hernando.

No es un militante cualquiera: fue portavoz parlamentario, cayó en desgracia ante Pedro Sánchez y sufrió varios años de travesía del desierto; recuperado después, se convirtió en adjunto al jefe de gabinete del presidente en Moncloa. Ahora es secretario de Estado de Telecomunicaciones, hombre importante en el partido y, además, muy apreciado. Aparece en los papeles –medios de comunicación– y con noticias poco gratas.

Hernando, varios cargos de Acciona, los jefes de la Diputación de Almería, nuevos nombres en la redes que manejaban Ábalos, Cerdán y Koldo, una recusación de jueces en Badajoz que huele a intento de retrasar el juicio del “hermanísimo”…

El Gobierno saca pecho porque el Consejo de Ministros fijó el techo de gasto y presentará los presupuestos en enero o febrero. ¿Por quién toman el presidente y su vicepresidenta al resignado pueblo español? Los Presupuestos, según la Constitución, deben presentarse el 30 septiembre como fecha límite, y ser aprobados antes del 31 de diciembre. El Gobierno se toma los PGE, y la Constitución, a título de inventario. A eso se podrían añadir las presiones a los magistrados afines (al PSOE) de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que impidan que el fiscal general acabe condenado.

Es probable que no lo sea, pero para vergüenza de Alvaro García Ortiz, gran parte de los españoles le tienen cogida la medida, y piensan que filtró lo que no podía filtrar. Allá con su conciencia y allá los sanchistas que lo apoyan con fuerza. Algunos confiesan su preocupación y añaden que, en caso de duda, hay que apoyar al fiscal. El famoso in dubio pro reo. Pena de país. Cuando se conmemora el 50 aniversario del inicio de una época gloriosa, aparece lo peor de la política.