Por la cantidad de mil quinientos ochenta euros con cuarenta y ocho céntimos (1.580,48) los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía arrastran de nuevo por el fango la dignidad del cuerpo 590. Esa es la cantidad -además de un año en libertad vigilada ¿por quién?- que un juzgado de menores de Jaén impuso a un energúmeno por pegarle un puñetazo a un profesor y lanzarle una grapadora a la cabeza. La criaturita tenía, por lo leído, un lindo historial de agresiones transversales que dirían los modernos: vamos, que le zumbaba sin distinción al alumnado y al profesorado. Otro caso aislado, pobretico. La madre que lo parió y el padre que empujó la semilla con lo que ustedes saben dónde ustedes saben, se declararon insolventes en un alarde de paternidad biológica, pero ni una mijita más. Algo absolutamente habitual en estos casos donde desgraciadamente para todos, la falta de solvencia va mucho más allá de lo económico.

Al digno profesor de turno, valiente e insensato -alguien le diría insensato, seguro-, se le ocurre reclamar la responsabilidad civil subsidiaria a su empleador. Y ahí viene la traca: en la vista oral los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía defienden que la agresión es "un accidente" no imputable a la administración, que acaece "durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante" y que "el resultado dañoso se produjo a consecuencia de las propias especificidades y riesgos inherentes a la profesión del reclamante".

Los servicios jurídicos deberían proteger al profesor, en su calidad de servidor público, de autoridad y, sobre todo, porque en sus manos hemos depositado el futuro. Le dicen puta a una profesora: un accidente. Paliza a un jefe de estudios: un accidente. Le rayan el coche a una directora: un accidente. Que parezca un accidente. Por mil quinientos cochinos pavos. Esto es una labor de sicario, que viene del latín sica: pequeña daga que llevaban los asesinos oculta debajo de la túnica. Lo que hace el leguleyo de turno no es defender los intereses de la administración como depositaria del interés general: es una puñalada trapera más en el marchito cuerpo 590 por parte de la otrora sacrosanta Junta de Andalucía. Esa que va a ser profanada por los bárbaros según los altos cargos -altas cargas- que ya han iniciado los Juegos del Hambre para entrar en las listas de las municipales, poniendo la arena pública perdida de sangre y estiércol. Otro accidente, claro que sí.

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