Cualquiera que haya tenido la santa paciencia de leerse el proyecto de la mal llamada Ley de Memoria Democrática que mañana jueves amenazan con llevar al Parlamento, puede alcanzar dos conclusiones: que sigue impertérrita esa creencia del socialismo post Zapatero según la cual la base ideológica es la mejor opción para fidelizar al votante; y que su obsesión para reescribir la historia, con voluntad de institucionalizarla, no ha mermado lo más mínimo. Esta vez, además, con el estrambote grotesco del apoyo expreso de Bildu, quien para vergüenza de los socialistas con dignidad que todavía quedan incluso han logrado colar vía disposición adicional la extensión del periodo "sospechoso" a los albores del Felipismo.

Yo creo, sin embargo, que la ley nace muerta por varios motivos, y que su sola tramitación no sólo no otorga votos, sino que los quita. Hoy día, la gran mayoría de los electores, incluso muchos que nacieron antes de la muerte de Franco, son absolutamente ajenos a su vida y obra. Son, por así decirlo, hijos de la Democracia, y conforme a sus progresos y con independencia de su ideología, su visión particular del país, pasado y futuro, está conformada de acuerdo con aquella. A uno puede no gustarle nada Franco, como puede abominar del reinado de Alfonso XIII o incluso de la idealizada Segunda República (tiempo donde, por cierto, se cometieron no pocos crímenes que por supuesto no aparecen ni por asomo en el desdichado proyecto) pero esas posiciones personales de cada cual, por otra parte muy respetables (todas), no tienen por qué ser incorporadas como dogma laico de fe a la legislación vigente.

Pero al margen del sectarismo, rayano en la revancha, que el insufrible texto rezuma por todas sus páginas, la sola presencia en su elaboración y aprobación de los albaceas del legado de ETA y su entorno trágico, sin ningún género de dudas lo más execrable que cualquiera con un mínimo de sensibilidad haya conocido en este país, hace que la Ley no es que nazca muerta, sino que lo hace sin legitimidad moral ninguna para regir la normal convivencia, por lo que, al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, poco va a costar al próximo presidente del Gobierno instar su derogación. ¿Cómo apoyar un relato sustentado en la visión de quienes no han hecho otra cosa que intentar cargarse el Estado de Derecho? Nunca, desde luego, la memoria ha sido tan poco democrática.