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Julio César justificó su divorcio de Pompeya con una frase que el tiempo ha convertido en una fábula moral: la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo. Es aplicable a la Justicia. Pedro Sánchez ha puesto a su ex vicepresidenta Carmen Calvo al frente del Consejo de Estado. Este órgano consultivo debe velar por el cumplimiento de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Debería ser independiente y parecerlo. Pero no. La nueva jefa del Consejo de Estado actúa ya como abogada del Gobierno: en 2021 decía que la amnistía era anticonstitucional y ahora sostiene lo contrario, con la prosopopeya que la caracteriza.
Antiguos ministros de este Gabinete han pasado a cargos jurídicos, como fiscal general, magistrado del Constitucional o presidenta del Consejo de Estado. Nombramientos que menoscaban la neutralidad de las instituciones. El lunes, como dos párvulos, Esteban González Pons y Félix Bolaños volverán a Bruselas para un nuevo examen a nuestra democracia tutelada. PP y PSOE, después de haberse repartido el CGPJ como estampitas durante décadas, no son capaces de renovar el Poder Judicial. Y han elevado un asunto de política interior al arbitrio de un comisario, que ejerce de paternal intermediario. Dos mandatos completos ha cumplido el Consejo, que ha perdido toda autoridad.
En su empeño de acusar al rival de manipular a la Justicia, los dos partidos han acabado por convencer a todo el mundo. Más allá de las excusas, el PP se niega a renovar desde hace cinco años porque perdería la hegemonía que tiene en este órgano, reflejo de la mayoría absoluta de Rajoy en 2011. En el bando de enfrente, Pedro Sánchez desaprovechó una magnífica oportunidad de dar ejemplo hace un año cuando el Gobierno nombró magistrados del Tribunal Constitucional a un ex ministro de Justicia y una ex directora general en Moncloa. El sambenito de que el PSOE controla el Constitucional no hay quien se lo quite a ese órgano por el que debe pasar la polémica ley de amnistía que ahora se discute en Las Cortes. Hay pocas dudas de que el TC no será muy severo con un asunto tan importante para el Gobierno.
La actuación de los jueces García Castellón y Aguirre entra en el mismo capítulo. Tanto el instructor del caso del Tsunami democrático, como el de la trama rusa del procés serán muy honestos, independientes y justos. El problema es que no lo parecen. Y quizá todos deberían recapacitar; el espectáculo que están dando deteriora no sólo su imagen, sino la de toda la democracia española.
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