Anda un tanto revuelto el patio educativo patrio, hasta el punto de que ha habido demasiado ruido en las últimas semanas y, por lo que se aprecia, parece que va para largo. Si empezamos por las universidades, los rectores de la CRUE, con el máximo dirigente de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a la cabeza, le dieron plantón -o casi- al peculiar ministro del ramo, el ínclito Manuel Castells, a cuenta de la futura Ley de Universidades y se negaron a posicionarse sobre un texto normativo que no les gusta.

Mientras, el alumnado también se echó a la calle para exigir que se derogue la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), aprobada por el Gobierno central, y protestar contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la denominada ley Castells y su "fábrica de trabajadores baratos". En fin, que quien decía que el ministro trabaja poco, se equivocaba, porque a la vista está que tiene la capacidad de unir en su contra a toda la comunidad universitaria. Ahora solo resta ver cuánto tiempo aguantará en el cargo.

Las aguas también bajan movidas en Córdoba por la intención del Ayuntamiento de privatizar o externalizar el servicio de porteros en los colegios. El asunto llegó incluso al Pleno de hace unos días y como parece que ni los propios miembros del cogobierno lo ven claro, pues han decidido paralizar el proceso hasta que se haga un estudio riguroso de las funciones que realiza este personal municipal. Nada nuevo. Una huida hacia delante a la espera de que el ambiente esté menos caldeado.

Pero quien se lleva el premio esta semana es el Gobierno central y el real decreto que regula la evaluación de las enseñanzas medias. La normativa establece, entre otras novedades, la eliminación de los exámenes de recuperación en la ESO y que un alumno pueda obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa. Con la nueva ley, la evaluación en los institutos pasa a ser "continua, formativa e integradora". Para alcanzar dicho fin, desaparecen desde este mismo curso los exámenes de recuperación que se celebraban en septiembre. El Ejecutivo no esconde que el objetivo es que desaparezcan de las estadísticas los vergonzantes números que tiene España en fracaso escolar y así no hacer el ridículo en Europa.

Lo verdaderamente preocupante es que nuestros dirigentes optan por tapar el problema en lugar de buscar medidas para solucionarlo, con lo que se evidencia la incapacidad manifiesta de algunos para ocupar determinadas responsabilidades. Porque está claro que el mensaje que se envía al alumnado es que no es necesario esfuerzo alguno para obtener un título, sino que se le ponen sobre la mesa todas las facilidades para alcanzar un reconocimiento para el que no ha hecho méritos. A ver si alguien pone orden, porque la educación no puede estar siempre bajo sospecha y, lo que es peor, en manos de sospechosos.