EL gasóleo, rompiendo con una situación histórica, ha pasado a ser más caro que la gasolina, al demandarse más. Un incremento de la carga impositiva sobre el gasóleo que se había previsto desde las instituciones de la Unión Europea pretendería hacerlo todavía más caro. El problema es que esto no facilitaría precisamente una reducción de las emisiones de CO₂, sino todo lo contrario. Además, tal propuesta se ha tropezado con una larga etapa de precios del petróleo por las nubes, con las consiguientes protestas de transportistas, agricultores, pescadores y demás profesionales que dependen de los carburantes. Pero también lo están sufriendo los particulares.

Por exigencias de la Unión Europea la carga fiscal del gasóleo A no profesional debe aproximarse a la carga fiscal de la gasolina sin plomo de 95. Además, la Comisión había presentado una Propuesta de Directiva pretendiendo una equiparación en el futuro de la carga fiscal mínima a aplicar por sus Estados miembros a la gasolina sin plomo y al gasóleo utilizado como carburante de automoción y una elevación de la misma, aunque con una cierta moratoria en relación a España, de forma similar a como sucede con algunos otros Estados. Se pretendería que se asimile la situación entre éstos, reduciendo las diferencias de carga fiscal entre Estados y así, en teoría, las diferencias de precios.

Pero para equipararnos, ¿por qué no son otros Estados los que bajan sus tipos de gravamen del Impuesto sobre Hidrocarburos? De todos modos, la subida del petróleo parece haber dejado aparcado este tema, pero, seguramente, tras unos meses, la Comisión volverá a la carga. El protagonismo sobre la mesa de negociación se lo llevó la acertada propuesta del presidente francés de rebajar el IVA sobre los carburantes: a mayor precio del gasóleo se paga más IVA, proporcional al precio, mientras que el Impuesto sobre Hidrocarburos, que se paga en función del volumen de producto con independencia de su precio, no provoca una mayor recaudación por el alza de éste.

La inversión en el protagonismo del precio del gasóleo frente al precio de la gasolina ha estado precedida de una fuerte dieselización del parque móvil por carretera. Durante mucho tiempo la opción para los particulares por un vehículo diésel frente a un vehículo de gasolina venía presidida por dos órdenes de razones: la primera, el menor precio del gasóleo frente a la gasolina, y la segunda, el menor consumo de un vehículo diésel frente a uno similar de gasolina. El primer estímulo ha desaparecido.

Si nos fijamos en el mercado de vehículos particulares, nos encontramos con que a similares prestaciones de potencia los vehículos diésel emiten menos CO₂ que los vehículos de gasolina. Si dentro de una misma marca de vehículos y en relación a un determinado modelo nos fijamos en la versión diésel y en la versión gasolina, la primera, incluso a veces con más caballos que la segunda, produce menos emisiones de CO₂ que ésta.

En este contexto debemos preguntarnos si se justificaría una equiparación de la carga fiscal del gasóleo a la de la gasolina. Digamos que el contexto descrito pone en evidencia que no estamos en el mejor momento para hacer que los particulares opten por vehículos de gasolina frente a vehículos diésel, porque terminarían emitiendo más CO₂. Por el gasóleo se paga menos Impuesto sobre Hidrocarburos que por la gasolina y aun así su mayor demanda lo hace más caro que ésta.

La solución del problema del gasóleo solamente puede venir de las instituciones de la Unión Europea, no sólo dejando de proponer aumentar la carga fiscal sobre el mismo en lo no profesional, sino incluso tomando en consideración una rebaja fiscal para el gasóleo de automoción, lo cual redundaría en una mayor protección del medio ambiente, luchando en mayor medida contra el cambio climático, favoreciendo que se opte por vehículos diésel, que emiten menos CO₂ que vehículos de similar e incluso a veces inferior potencia con motor de gasolina. La fiscalidad debería ayudar a volver a la situación que existía de menor precio del gasóleo que la gasolina y a consolidarla ante la mayor demanda de aquél, buscando unas menores emisiones de CO₂ de los vehículos particulares.

Además, la previsión normativa de que pasado un determinado plazo aumentará la carga fiscal sobre el gasóleo y éste, en función de ello, subirá de precio, de alguna manera transmite un mal mensaje a las compañías petroleras, en cuanto que pueden ampararse en que con el establecimiento y mantenimiento de un determinado nivel de precios se conseguiría que fuese calando entre los consumidores la idea de la adaptación del mercado a esa situación, cada vez menos futura.