EL ministro Ruiz Gallardón, de Justicia por más señas, fiscal por oposición, está en la picota por la llamada Ley de Tasas Judiciales, esto es, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (un enunciado con el que se encubre una lanzada al "derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos", recogido por el artículo 24.1 de nuestra Constitución).

Vayamos por partes. Esta Ley de Tasas Judiciales, antes que erradicar a los que disfrutan con los pleitos, sólo va a favorecer precisamente a los que tienen medios económicos para dilatar en el tiempo sus controversias jurídicas, los mismos a los que nada les importa que un asunto en el que para mal están involucrados tarde veinte años en resolverse tras sucesivas instancias judiciales, incluidas las europeas, consiguiendo prescripciones y absoluciones, archivos o sobreseimientos por defectuosas tramitaciones, abusando de los ardides procesales, válvulas de escape de cualquier jurista que se precie (no por culpa del mismo, sino de una anquilosada y procelosa legislación, necesitada de ser oreada, sin merma de las garantías personales de los ciudadanos). Esta Ley, por ello, desde el momento en que obliga a pagar tasas por la prestación de un servicio judicial para defender derechos tan nimios como una multa de tráfico mal impuesta no sólo por las circunstancias reales del hecho sino, sobre todo, por el afán recaudatorio de la Administración competente de turno, está en trance de conculcar ese derecho del citado artículo 24.1, porque vale más el collar que el perro. Es lo mismo en lo que están amparándose permanentemente las Administraciones Públicas con múltiples procedimientos sancionadores en los que se obliga al ciudadano a desistir de pleitear con una Administración que los chulea en el más estricto sentido de la palabra.

Partiendo de lo anterior, que de por sí es más que defendible ante el Tribunal Constitucional por el atentado contra ese derecho constitucional a no quedar indefenso, en este caso por motivos económicos, el diletantismo del ministro de marras se hace palmario cuando, como argumento, esgrime la necesidad de evitar que el común de los vecinos abuse del recurso a la Administración de Justicia, con lo que directamente y sin anestesia está reservando el derecho de acceso a esta instancia a los que tienen medios para defenderse, es decir, a los que pleitean por sistema, como se expuso. Mire, señor ministro, cambie las estructuras y la legislación procesal; acerque al ciudadano a la auténtica Administración de Justicia, sin costes salvo la imposición de costas por pleitear por amor al arte, simplifique los procedimientos y no ampare los abusos de las Administraciones y de los listos "con perras" (que dirían en los Pedroches) que se pueden permitir vivir -y regodearse- con múltiples pleitos.

El colmo del diletantismo de este ministro es imputar a los trabajadores del Poder Judicial que son críticos contra "su ley" porque se les ha suprimido (expoliado, en parte, según creo) la paga extra de diciembre y se les han rebajado los dieciocho días de asuntos propios a doce, si no me equivoco. Mire, ministro, descontentos con la expoliación gratuita y estrictamente política de una paga extra estaría y está todo el personal que trabaja y tiene derecho a ella, máxime cuando -como en el caso que nos ocupa- se aplica retroactivamente a un mes y medio ya trabajado. En segundo lugar, manifiesta una ignorancia supina de nuestra legislación porque los días de asuntos propios, en la legislación de función pública, se refieren a los tres meses cada dos años que los funcionarios pueden pedir de suspensión de su trabajo pero sin percibir retribución alguna ni cómputo a efectos de antigüedad ni cotización a Seguridad Social. Quizás usted, en su supino diletantismo quería referirse a los días de asuntos particulares, los llamados "moscosos" (por quien, siendo Ministro de Presidencia, los inventó para evitar una obligada a la par que elevada subida salarial según IPC para los empleados públicos a cambio de seis días de permiso retribuido, con lo que no regalaba nada).

Para concluir, ministro, diletante es un aficionado a las artes, especialmente a la música, y usted lo es, por ser -creo- bisnieto de una eminente figura de nuestra música, amén de melómano; al mismo tiempo, es el que se interesa por un campo del saber como aficionado y no como profesional. En este último sentido parece que ha actuado usted, ministro, cabreando al personal gratuitamente