La ciencia jurídica no es, como la matemática, una ciencia exacta. Por ello, pueden mantenerse opiniones distintas sobre la misma cuestión, como aquí ha ocurrido cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, presidente en funciones, ha solicitado el dictamen de la Abogacía del Estado, a la vista de la resolución dictada por el Tribunal de Justicia europeo (motivada por una consulta del Supremo) sobre cuándo adquirió la condición de eurodiputado Oriol Junqueras. Sabido es que el tribunal europeo dictaminó que se adquiere desde la proclamación, lo que implicaría que el señor Oriol pudo acudir a Bruselas a recoger su acta, porque goza de inmunidad parlamentaria, lo que supone una feliz noticia para el señor Sánchez, que traslada el informe recibido al partido de Oriol y le pide que en consecuencia se abstengan en la segunda votación de la investidura sus 13 diputados y, pueda ser ¡por fin! presidente efectivo del Gobierno, (ojo) siempre y cuando sus acuerdos se aprueben en una consulta a la "ciudadanía de Cataluña". Otro abogado del Estado, hoy excedente especial por cargo parlamentario, que había sido jefe de la sección penal y que dimitió cuando la ministra de Justicia quiso que no se acusara al señor Oriol de rebelión, sino del delito menor de sedición, lo que así se hizo, ha escrito un artículo discrepando del otro dictamen, porque la inmunidad parlamentaria es sólo para actuaciones como parlamentario europeo y como entonces no lo era, no puede aplicarse con carácter retroactivo. Además, como hasta el 3 de enero no habrá pronunciamiento en Europa sobre la retirada de su acta, ha debido esperarse a esa fecha para ponerlo en libertad. Añade que la ley europea se remite a nuestra legislación en cuanto al reconocimiento de la inmunidad.

Como abogado del Estado 44 años, tengo que suponer que la compañera que redactó el dictamen lo ha hecho según su leal saber y entender, porque si en tiempos de la dictadura el gobernador civil nos mandaba al secretario general para que reconsideráramos algún particular de nuestro dictamen y éramos nosotros los que accedíamos o no, en teoría, en una democracia es impensable la imposición. La Asociación de abogados del Estado ha salido a la palestra con dos comunicados.

Leo en algún sitio, porque yo no he leído el Manual de resistencia del presidente en funciones, que él escribe, refiriéndose a noticias falsas que "lo más dañoso que he sufrido en mi vida pública ha sido que han dicho que yo estaba dispuesto a pactar con los independentistas e incluso a formar gobiernos con ellos". Vivir para ver.