La reforma exprés del Poder Judicial muestra, otra vez, la extrema fragilidad de los principios de Pedro Sánchez y su delicada relación con la verdad. "Me puedo entender con Podemos para aprobar el Ingreso Mínimo Vital, pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero", dijo el presidente en 2016. Ahora, con tal de no dejar de serlo, impulsa un cambio para colocar al gobierno de los jueces en la órbita de Iglesias y la suya propia (tras poner a los fiscales a las órdenes de su ministra de Justicia).

Pero no hace falta remontarse tanto en el tiempo para desnudar las contradicciones de Sánchez. El pasado 28 de abril -antier mismo, como quien dice- el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos envió a la Comisión Europea un informe en el que presumía de que la legislación española velaba por la independencia de los jueces al exigir mayorías de tres quintos en Congreso y Senado para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, exigencia que "evita la conformación de un CGPJ que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político".

De modo que menos de seis meses después de tan solemne proclamación el Gobierno se dispone, por la vía rápida, a diseñar un CG del Poder Judicial sin el aval de las tres quintas partes de los diputados y senadores y que responda a "una mayoría concreta y coyuntural", estrictamente la mayoría que integran PSOE, UP y esos aliados suyos que les llevaron a la Moncloa y a los que les importa bien poco, más bien nada, la independencia de los jueces, la separación de poderes y otros detalles de la Constitución democrática.

La postura obstruccionista del PP que ha impedido la renovación del actual Consejo General tras casi dos años de caducar su mandato, ciertamente grave, ha recibido una respuesta más grave aún por parte de Pedro Sánchez: una reforma exprés de la ley, a sacar adelante en dos meses, sin consultas a los organismos implicados, en contra de la doctrina imperante en la Unión Europea, con la hostilidad muy mayoritaria de los jueces y que se volverá contra sus promotores, porque cuando cambie la mayoría parlamentaria cambiará la composición del Consejo y se instalará un sectarismo de otro signo. Un retroceso histórico.

El pretexto de acabar con el intolerable sabotaje del PP a la renovación ordenada por la Constitución ha servido para que el Gobierno sabotee el espíritu constitucional.