EN las últimas semanas se vienen sucediendo las informaciones relativas a la asfixia financiera que sufren los ayuntamientos españoles y los problemas que algunos de ellos tienen hasta para pagar las nóminas de sus empleados. Buena parte de los municipios han fiado sus balances a la previsión de ingresos del sector inmobiliario y ahora se han convertido en integrantes involuntarios de esa familia de damnificados del parón del ladrillo. En Andalucía hay municipios que han perdido en torno al 60% de sus ingresos y han emprendido un recorte que afecta tanto a los servicios prestados como a sus propias plantillas, sujetas a una inevitable reconversión laboral. En este contexto, resurgen las voces que reclaman el pacto de financiación local y se ponen cifras a esa llamada de socorro: 7.000 millones de euros, según la Federación Española de Municipios y Provincias. Nadie negará su razón a las corporaciones locales, pero en este punto convendría hacer un llamamiento de responsabilidad a estas mismas administraciones: los municipios tienen razón en sus quejas, pero tampoco son un ejemplo de austeridad y control. En Andalucía, en sólo seis años han aumentado sus plantillas en un 43% de media, registrándose casos como los de los ayuntamientos de las provincias de Sevilla, Granada, Huelva o Almería en los que el porcentaje supera el 50%. Es decir, que han pregonado la flaqueza de sus cuentas mientras que, a la vez, engordaban sus capítulos de personal hasta límites insostenibles. En 2007, año de elecciones municipales, ya se vislumbraba la época de apreturas que hemos empezado a vivir, pero a pesar de eso las corporaciones andaluzas insistieron en su política de agrandar hasta la extenuación sus plantillas, en algunos casos superestructuras mastodónticas cuyo único fin es el clientelismo partidista. Los ayuntamientos tienen razones para pedir más dinero, pero convendría también que supieran administrarlo con la racionalidad y criterio financiero que se les presupone.