NOS vemos en la necesidad de ser testigos de un aluvión de quejas por el mal funcionamiento de la Justicia, en su doble vertiente, administrativa y judicial. Nunca faltan motivos. Pero, lo que suele divulgarse no es más que la punta de un gigantesco iceberg de lo que acontece en la realidad. Quizá sea por ello que los comportamientos de la gente no devengan en otras… maneras más hostiles.

Ahora, a propósito del affaire que conmocionó a la opinión pública, relativo al asesinato de la niñita Mari Luz, todo el mundo se rasga las vestiduras en condolencias. Hasta el propio CGPJ se escandaliza, investiga, instruye expedientes disciplinarios por una cadena de errores que, de no haberse producido, la criaturita estaría con nosotros, jugando con otros niños de su edad; una legislación defectuosa, primitiva y arcaica, elaborada por una manada de progres iluminados; unos lamentables errores -que pudieron ser, incluso, involuntarios- han contribuido a truncar la vida de Mari Luz. Sus padres se proponen denunciar a los poderes públicos. Están en su derecho. Pero la pérdida de su hija y el dolor ocasionado son irreparables.

Las situaciones de injusticia -judiciales o de otros órganos administrativos- no siempre son fruto del error (lamentable y, a veces, hasta comprensible) ni siempre se deben a una legislación defectuosa. Hay demasiadas decisiones injustas, que son fruto de la desidia, cuando no del favoritismo intencionado. (Y espero que nadie tenga la ocurrencia de pedirme que ilustre el aserto con algún caso verídico). Son estas (decisiones) las que producen un mayor dolor y traumatismos incurables. Porque pudieron evitarse, al disponer de normas legales de medios más que suficientes para ello. Unas normas que no sólo contienen herramientas para sancionar, sino que disponen de otros mecanismos de efectos preventivos y disuasorios para evitar que se produzcan hechos o situaciones indeseables.

El reciente derribo de una parcela en Córdoba puede ser un ejemplo, no el único. Una familia fue desalojada, por la fuerza, de su vivienda. Para ello no faltaron policías, psicólogos, ambulancias... Las máquinas hicieron el resto del trabajo: derribaron la casa. Y todo ello, seguramente a cuenta del bolsillo del contribuyente. Lo de siempre. A mi juicio, el derribo es un escándalo y una tremenda injusticia. Porque los poderes públicos no están, solamente, para desalojar a una familia de su casa y derribar el inmueble: Tienen la obligación, y medios suficientes, para impedir que se construya si no cumple los requisitos legales. Es decir: los susodichos poderes pudieron evitar la demolición.

¿Cómo?

-Muy sencillo: aplicando la ley… a todos por igual. No solamente a los pobres.