Izquierda y derecha siempre han encontrado en Córdoba, no podía ser de otra manera, motivos para la discusión y el debate: desde la municipalización o privatización de determinados servicios, pasando por la subida o bajada de algunos tributos, el respeto a las tradiciones o la burla a ellas, hasta el ataque sistemático a la Iglesia o el asalto al callejero mediante la creación de comisiones sesgadas (¿La Pasionaria merece una calle?). Pero al lado de esos múltiples ejemplos de discrepancia, unos más legítimos que otros -el sectarismo en algunos comportamientos de nuestra izquierda municipal es preocupante-, hay también algunos puntos de unión, materias no controvertidas, cuestiones en las que cualquier ciudadano residente en Córdoba, sea de izquierdas, derechas o centro, vote a unos o a otros, sea indiferente, abstencionista o interventor de un partido, sea devoto de la Virgen de los Dolores o milite en el anticlericalismo más radical, piensan lo mismo. Acuerdo casi absoluto. Entre esos puntos hay uno destacado en el que hay unanimidad: la Gerencia de Urbanismo funciona mal.

EL funcionamiento exasperantemente lento de la Gerencia afecta a todos: grandes empresarios que ven como sus proyectos son paralizados sistemáticamente, pequeños comerciantes que desean abrir sus negocios, particulares que pretenden construir o reformar su casa, profesionales que tropiezan una y otra vez con un muro burocrático y caprichosos criterios en ocasiones poco justificados hasta, cómo no, quienes padeciendo el drama del paro ven como sus expectativas de conseguir un empleo se frustran ante el fracaso al que abocan a cientos de iniciativas. Es, no creo exagerar, el embudo, el cuello de botella que más intensamente trabaja contra el emprendimiento, el empleo y la generación de riqueza en la ciudad.

No es un problema nuevo. No es culpa exclusiva de los dirigentes actuales, aunque la situación se ha deteriorado hasta límites intolerables. Se impone, en beneficio de todos, un debate entre nuestros dirigentes con criterios técnicos, que imponga un funcionamiento profesional: transparencia en los procedimientos que permita conocer en todo momento el estado de la tramitación, respeto a los plazos, lucha contra el absentismo, promoción de funcionarios postergados, control de su productividad, salarios ligados al rendimiento que debe ser rigurosamente analizado, cambio de sistema informático, digitalización, uso de las nuevas tecnologías. Este será, seguro, uno de los temas centrales de la ya próxima campaña electoral que, no tengo duda, llevará a quien ofrezca soluciones creíbles a la alcaldía. Ya sabemos quién no las tiene: el tripartito gobernante. La ciudad espera de la oposición que desarrolle esas soluciones y que las aplique en 2019, cuando habrá nuevo alcalde.