Era previsible el éxito de la tractorada del pasado viernes en Lucena. También era de esperar que algunos grupos incontrolados y cabreados hicieran lo posible por hacerse notar y exhibir ciertas formas a modo de provocación hacia las fuerzas del orden y que se visibilizara su actitud contestataria. Por suerte, fueron los menos y la movilización transcurrió dentro de los cauces normales que conllevan poner en la carretera miles de tractores y personas. Aunque sea una frase manida, fue una concentración histórica.

Pero una vez que los días de protestas ya han pasado -al menos en la provincia de Córdoba-, la pregunta es, ¿y ahora qué? Los gobiernos -el de la Junta, el Central y la autoridades europeas- ya sabían que la situación de la actividad agraria y ganadera es complicada, pero ante la pasividad del propio sector, no se han preocupado en exceso de esta problemática y han confiado en que los mercados aplacarían las voces de quienes vienen alertando desde hace años de que el sistema no funciona.

Hay varias claves a tener en cuenta si se quieren encontrar soluciones por parte de todos. La primera, la que más ha descolocado a los gestores de la cosa pública, es que el sector ha demostrado unidad. Los gobernantes se habían acostumbrado ya a que la representación del sector agrario tiene muchos prismas y que mientras cada colectivo quiera hacer valer su modelo, las medidas de paños calientes podrían servir para rebajar la tensión. Se trata de una táctica tan antigua como la propia vida en sociedad -divide y vencerás- y prueba de ello es que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha dejado atrás a las organizaciones agrarias en el debate del salario mínimo y se ha reunido con los sindicatos, a los que a su vez también ha tratado de incomodar con la presencia del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Cañamero y los suyos.

El error sería caer en la trampa e iniciar un debate público en el que el foco ya no esté en la reclamación a la Administración, sino en las posturas distintas de la patronal agraria y los sindicatos. Está claro que el Ejecutivo quiere reducir a un conflicto laboral lo que en realidad es un problema del mal funcionamiento de la cadena alimentaria.

El mundo rural en general debe ser consciente de que en los últimos 40 años se han producido avances significativos, pero esa reconversión quedó paralizada hace ya casi una década. Desde entonces, se ha mirado para otro lado y el propio sector debe hacer autocrítica. Romper la unidad o tener la tentación de conformarse con migajas no hará más que dilatar las soluciones estructurales que necesita el campo

Los partidos han utilizado en estos últimos años a la agricultura y a la ganadería para sus intereses egoístas, mostrándoles todo su apoyo moral, pero sin medidas eficaces. Ni una mala palabra, ni una buena acción. Por si alguien no se ha dado cuenta.