SOSTIENE Wert que el 95% del contenido de su reforma educativa está orientado a la calidad. O sea, reconoce que no todo es calidad. Lo de menos será discutir el porcentaje que otorga a las concesiones, sea un cinco, un diez, un veinte o un cuarenta. Qué más da. Lo relevante es que el ministro admite que la decisión de darle a Religión rango académico y programar una asignatura alternativa está basada en supuestos ideológicos. Es una opción política, afirma en una entrevista a El País. Tiene una estupenda coartada: se trata de cumplir un tratado internacional de 1979, que él sabe que se puede revisar. Se refiere al Concordato firmado por el Gobierno de Suárez con la Santa Sede sobre enseñanza, financiación de la Iglesia, asuntos culturales y jurídicos o asistencia religiosa a las fuerzas armadas. Aunque por cómo lo dice, es evidente que no tiene ninguna intención de denunciarlo.

Así es como el máximo responsable gubernamental ejecuta y explica los deseos de la jerarquía católica en la materia. Sin complejos. La cúpula eclesial habla de emergencia educativa. No porque los alumnos desatiendan cuestiones académicas básicas, sino por la formación humanística que reciben. El auge del laicismo en el país es atribuido con el equipo episcopal dirigido por monseñor Rouco a las deficiencias de la escuela cristiana. Según esta tesis, el asunto se arreglaría con más dosis religiosa en la enseñanza obligatoria, equiparándola a la ética y los valores constitucionales que darían los alumnos descarriados. Ése es el nuevo camino.

No se puede decir que España haya dejado de ser católica. En todas las encuestas hay al menos siete de cada diez ciudadanos que se declara creyente. El problema es que el número de practicantes ha caído en picado. Ya hace años que los matrimonios civiles superan a los religiosos. Ante esta realidad surge la tentación de una vuelta atrás: enseñanza segregada de niños y niñas, eliminar asignaturas que inquieten a la jerarquía por su respeto a la homosexualidad, aunque las avale el Tribunal Supremo, implantación de una materia de valores sociales sólo para quienes prescindan de Religión...

Esas imposiciones pueden dar satisfacción a las ambiciones de la Conferencia Episcopal a corto plazo, pero en absoluto resolverán el desapego de los jóvenes hacia la religión hegemónica tradicional en este país. Sin embargo, el Gobierno hace dejación de alguna de sus responsabilidades. Aunque de soslayo, el ministro lo admite en su entrevista de ayer. No todo es calidad en su reforma.