AHORA que en Alemania están revisando el cobro adicional por receta médica -adicional porque ya se paga con los impuestos, como todas las prestaciones-, va Cataluña y lo mantiene, y Madrid se dispone a implantarlo. Los alemanes, pioneros de tantas medidas de austeridad que ahora triunfan en toda Europa, andan de vuelta en el cobro por recetas, entre otras cosas porque cuesta más el collar que el perro: gastan en aparato administrativo más de lo que recaudan. Catalanes y madrileños, por el contrario, insisten.

No se van a salir con la suya. El Gobierno llevará al Tribunal Constitucional (TC) la decisión ya adoptada por la Generalitat, y anunciada para el 1 de enero por la Comunidad de Madrid, de cobrar un euro a cada paciente por cada receta que le prescriba el médico de la Seguridad Social. No hay sectarismo esta vez en el Gobierno Rajoy: en Cataluña gobiernan los nacionalistas, mientras Madrid es la autonomía más señera del PP.

El recurso gubernamental lleva aparejada la suspensión cautelar del euro por receta por un periodo de cinco meses, tras el cual el propio TC deberá decidir si la prorroga o la levanta a la espera de su sentencia definitiva. Una sentencia que, muy previsiblemente, será favorable al Ejecutivo recurrente, porque los fundamentos del recurso son de peso.

Por un lado, el artículo 149 de la Constitución establece como competencias exclusivas del Estado las bases y la coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. Por otro, el euro por receta afecta sin duda a un principio constitucional básico como es la igualdad de todos los españoles, vivan en el territorio que vivan. Y para rematar, vulnera la prohibición de que un mismo acto -comprar un fármaco recetado por el médico- sea gravado por dos Administraciones públicas, dado que el Gobierno ya ha decretado el copago de los medicamentos (en su favor hay que recordar que este copago no es aplicado de forma universal, sino en función de la renta de cada usuario, mientras que la imposición del euro por receta es indiscriminada, castiga igual a la princesa altiva que al que mora en ruin barca).

De modo que el euro por receta debe eliminarse también por desigualitario e injusto. Conviene decirlo, no vaya a ser que el Gobierno se arrepienta de sus recursos de ahora y decida al final ponerlo en marcha en todo el territorio nacional. Sería su competencia, sí, pero igual de inconveniente y erróneo.