Anda el sector turístico preocupado, y con razón, por los datos que se van ofreciendo cada mes sobre la afluencia de visitantes a la provincia, sobre todo en la capital. Los números no salen y si además el contexto tampoco beneficia, pues ajo y agua, que diría un castizo. Digo esto porque este periódico avanzaba el pasado jueves que el Gobierno sigue adelante con su proyecto de construir un baipás para el AVE a la altura de Almodóvar del Río. Eso quiere decir que, una vez construido, los trenes de alta velocidad entre Málaga y Sevilla ya no tendrán que hacer escala en Córdoba, sino que podrán hacer el itinerario directamente. Ya se ha hablado en más de una ocasión de la repercusión que esta iniciativa podría acarrear para la ciudad, sobre todo si, como se presume, se reduce el número de convoyes que paran en la estación central. En contra del baipás ya se pronunció el Pleno de Capitulares, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río e incluso el Parlamento de Andalucía, eso sí, cuando el PSOE no gobernaba aún en Madrid. Sin embargo, parece que ahora todo es distinto -la Moncloa parece que siempre ofrece una perspectivas distinta de las cosas- y el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha todo el proceso de expropiaciones para continuar con ese proyecto. Y lo que son las cosas, de las 11 fincas afectadas en ese expediente, resulta que muchos de esos suelos son de ADIF, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Almodóvar del Río y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entre otros.

Pero es que además, es curioso -incluso surrealista- que este actuación es la mayor obra pública que se va a realizar en la provincia en los últimos años -unos 32 millones de euros para un ramal del AVE de poco menos de dos kilómetros- con el resultado de que en lugar de beneficiar al territorio, como sería lo lógico, le podría incluso perjudicar. Que alguien lo explique. Y es que son las cosas que a veces ocurren en esta Córdoba nuestra, que se ve envuelta en unas situaciones un tanto extrañas, de difícil explicación.

Casi a la par de este anuncio, la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) desarrolló su asamblea general en Medina Azahara, donde el presidente, Manuel Otero, reivindicó una mayor intensidad en las inspecciones sobre las viviendas turísticas irregulares, que en Córdoba alcanza las 600, con un crecimiento del 80% en el último año. Si a eso le sumanos lo ya publicado por este medio la semana pasada sobre el descenso de viajeros en las ciudades patrimonio y su especial incidencia en la capital, pues tenemos el cóctel perfecto para empezar a preocuparnos muy seriamente por el devenir de una actividad clave en la economía provincial.

Confío en que habrá soluciones y que llegarán más pronto que tarde. Eso sí, lo primero sería alterar el orden de las cosas, de manera que se acabe con un gremio empresarial demasiado desunido y enfrentado, con una concejalía de Turismo en el Ayuntamiento que ni está ni se la espera y con unas instituciones que tampoco han mostrado interés por Córdoba. O se cambia eso o el baipás se lo tendrá que aplicar el propio sector turístico. Tiempo al tiempo.

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