La ciudad y los días

Carlos Colón

ccolon@grupojoly.com

12 años de tortura

En casos como el de Marta del Castillo las víctimas parecen más desprotegidas que sus verdugos

No es cierto que nada peor pueda sucederle a un ser humano que perder un hijo. Hay algo peor: que la causa de su muerte no sea natural o accidental, sino el asesinato. Pero tampoco es cierto que esto sea lo peor que se pueda sufrir en esta vida. Hay algo peor: que su cuerpo no sea encontrado porque su asesino y sus cómplices no revelen su paradero. Entonces al dolor por la pérdida del hijo y al de que la causa de esta pérdida sea el asesinato se suma el de no poder dar digna sepultura a su cuerpo y elaborar, en la medida en que se pueda, el duelo.

Este es el caso desgarrador de los padres y la familia de Marta del Castillo. Es imposible siquiera imaginar su largo dolor y su desesperación y justa indignación tras los autos emitidos el 21 de septiembre y el 26 de octubre por el Juzgado de Instrucción número cuatro y la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que dan el caso por cerrado. Parecería de lógica común, no de lógica jurídica, que mientras haya una persona condenada como autor del asesinato, que por lo tanto conoce el lugar donde se ocultó el cuerpo, y mientras este no haya aparecido, el caso continúe abierto. Pero la lógica común al parecer no siempre va de la mano de la jurídica y la percepción de la mayoría de los ciudadanos es que el caso no está cerrado, que los padres de Marta no dejan de recibir varapalos -con esta frase iniciaba el compañero Jorge Muñoz la información sobre el doble cierre: "nuevo varapalo para la familia de Marta del Castillo"- y que, lamento tener que escribirlo, en casos como este las víctimas parecen más desprotegidas que sus verdugos.

Quien o quienes conocen el paradero del cuerpo y no lo revelan, sumándose en el caso del principal condenado hasta siete versiones distintas de los hechos, llevan más de doce años -el próximo 24 de enero se cumplirán trece- torturando a la familia de Marta del Castillo. Todo es legal, por supuesto. Hasta el "derecho a mentir" del acusado y condenado. Pero también todo es intolerable. El consejero de Justicia ha dicho que "ojalá" de parte del Gobierno pudieran poner "algo" para resolver este caso y encontrar el cuerpo, pero que no está "en sus manos". Entonces, ¿en las de quién está? En las de nadie, por lo visto. También ha dicho que "tenemos que entender las resoluciones de los órganos judiciales, aunque a veces nos gustaría que fuesen otras". No. Las aceptamos, pero no las entendemos.

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