Ramiro García Vila

Visto para sentencia

Las tendillas

07 de marzo 2009 - 01:00

DISTINTOS medios de comunicación de ayer se vienen refiriendo al juicio que el jueves se celebró en el Juzgado de los social 4 de los de Córdoba, de la que es titular la Ilustrísima Señora doña María del Rosario López Arias sobre demanda presentada por una opositora que reclama una plaza de auxiliar administrativa que obtuvo por oposición con el número uno en la mercantil Emproacsa, (Empresa Provincial de aguas de córdoba) de pendiente de la Diputación Provincial.

El juicio quedó pendiente de una prueba instada por una de las partes. Una vez incorporada a Autos, los representantes de las distintas partes personadas podrán presentar, por escrito, sus conclusiones y la autoridad judicial resolverá mediante sentencia.

Es decir: el juicio ahora celebrado debería suponer el final de un conflicto que data de hace dos años y que ha sido objeto de atención de los medios de comunicación, de la opinión pública, e incluso de determinados grupos políticos. Ojalá se cumplan los pronósticos y que no haya que recurrir nuevamente a los tribunales.

La demanda que motivó el procedimiento que motiva el juicio celebrado tiene su origen en una oposición celebrada en abril de 2007. La concursante obtuve la máxima puntuación y fue propuesta por la Comisión Evaluadora para que fuera nombrada como trabajadora fija de la plaza convocada. Desde entonces se han sucedido distintas actuaciones, de carácter administrativo unas, judiciales otras, que, obviamente, han producidos efectos negativos, seguramente indeseados.

Desde esta columna, hacemos votos porque esta actuación de los tribunales sea la última, respecto de este y de otros casos. Con ello, se lograría un doble objetivo: En primer lugar, dejar un poco de más tiempo libre a los juzgados, que no andan sobrados de personal ni de medios técnicos, ni de tiempo material. Hay otros asuntos que requieren su atención y no puede solventarse por otras vías.

Por otra parte, la evitación de situaciones de conflicto supondría, para los destinatarios de los servicios públicos y los contribuyentes en general, una mayor confianza en las instituciones públicas y en los responsables de las mismas. Una confianza que, en general, todos deseamos y que, no solo no abunda sino que parece una especie en peligro de extinción.

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