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Alto y claro

José Antonio Carrizosa

jacarrizosa@grupojoly.com

Vigilancia

Las extralimitaciones y la sensación de que se está al borde de un régimen policial degradan la democracia

Han tenido que entrarle en falta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes -un valor en alza en el PP a la que muchos le tienen ganas-, para que se empiece hablar en tertulias y editoriales de los peligros que para la salud democrática representan algunas actuaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, elevadas a la categoría de verdad incontrovertible y sentencia inapelable. Un juez, Eloy Velasco, ha parado en seco la pretensión de que Cifuentes fuera investigada por presuntos delitos relacionados con la financiación ilegal del PP de Madrid en la trama Púnica y lo ha hecho por la constatación evidente, según Velasco, de que no hay nada que investigar al respecto.

Por primera vez, y esperemos que sirva de precedente, se pone a la UCO en su sitio y se le acotan sus obligaciones. Se ha dicho hasta ahora en voz baja y en cenáculos, pero conviene que se vaya conociendo por parte de la opinión pública: los servicios de policía judicial de la Guardia Civil, y también, aunque quizás en menor medida, del Cuerpo Nacional de Policía, en connivencia con algunos jueces y con determinadas instancias políticas, se han constituido en una especie de Estado paralelo en el que las garantías procesales desparecían y la carga de la prueba siempre caía en el lado del acusado.

Convendría que quienes se rasgan hoy las vestiduras después de lo ocurrido en torno a Cifuentes lo hubieran hecho también cuando en Andalucía se actuaba, primero en los ERE y luego en la formación, con métodos que mandaban directamente a la papelera los principios del Estado de Derecho. Habría que recordar, por ejemplo, la detención humillante de una delegada provincial de una consejería cuando llevaba a sus hijos al colegio o el trato degradante dado a algunas detenidas en los calabozos. Y, por supuesto, el contenido de los atestados que llegaba a conclusiones de conspiraciones delictivas que, muchas, han quedado en nada. Habría que recordar también el silencio mediático y social que envolvió todo ello.

No quiere decir esto que la UCO y la UDEF no hayan prestado destacados servicios a la limpieza de la vida pública. Si no hubiera sido por ellos posiblemente la catarsis que el país vive ahora nunca se hubiera producido. Pero es necesario que el sistema democrático funcione sin la amenaza del miedo y que alguien vigile al vigilante. Las extralimitaciones y la sensación de que se está al borde de vivir en un régimen policial degradan la democracia. Es hora de que nos vayamos enterando.

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