Crónica personal

Pilar / cernuda /

Tolerancia cero

LA juez Alaya -a la que el CGPJ tendría que exigir ya que agilice su instrucción, porque lo suyo pasa de castaño oscuro- ha imputado a otro ex consejero de la Junta andaluza, Martín Soler, precisamente el día que el Banco Europeo de Inversiones analizaba la situación de la ex ministra Magdalena Álvarez y el ex consejero de Valencia Rafael Blasco intentaba reunir los 200.000 euros de fianza que le librarán de ingresar en prisión de forma inmediata para cumplir su condena de ocho años. En Galicia, la portavoz parlamentaria del PP, Paula Prado, una de las mujeres con mayor futuro político hasta ahora, ha sido inducida a dimitir de su puesto por su supuesta implicación en la trama Pokemon y, sobre todo, por la publicación de unas grabaciones en las que se refería a la "generosidad" de una empresa a la hora de agradecer con regalos espléndidos a quienes le ayudaban a conseguir contratos.

Mejor es que los partidos tomen medidas drásticas contra la corrupción que esperar la decisión de los jueces, que suelen llegar injustamente tarde. Es evidente que una simple imputación no debe provocar el cese, expulsión o cese inmediato, pero cuando una instancia judicial superior mantiene y ratifica la primera imputación porque maneja datos suficientes que demuestran un comportamiento cuando menos irregular, o cuando la imputación va acompañada de noticias que demuestran que la persona de la que se trata no es trigo limpio, son los propios dirigentes políticos los que deben tomar cartas en el asunto.

Con decisiones drásticas, que demuestren que cuando claman que con la corrupción "tolerancia cero" no sólo pronuncian palabras contundentes sino que tienen la determinación absoluta de poner punto final y definitivo a una de las lacras de este país, que desgraciadamente afecta a las formaciones políticas, sindicales y empresariales sin excepción, y ante la que ninguna de esas formaciones ha reaccionado con la suficiente prontitud en todos los casos. Eso es lo que ha provocado el descrédito generalizado de la clase política, que desde luego no merecen la mayoría de los políticos, que trabajan seriamente por este país; aunque se ven contaminados por la actitud de quienes pretenden hacer negocio con la cosa pública.

Los partidos deben cesar, sin un segundo de duda o vacilación, a todos aquellos sobre los que existan pruebas de corrupción. Y, de cara a las elecciones autonómicas y municipales de dentro de once meses, y las generales después, eliminar de cualquier tipo de lista a quienes se muevan no ya en la corrupción, sino incluso en el filo de la navaja.

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