Había -y hay- cierta expectación para ver cómo afecta a Córdoba y su provincia el decreto de la Junta de Andalucía sobre medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, que se concreta en una normativa para tratar de legalizar unas 327.000 viviendas en toda la comunidad autónoma, entre las que se incluyen 11.000 en la capital; 2.562 en Montoro; en el Valle del Guadiato y Los Pedroches 11.900; en la Vega del Guadalquivir 5.654 y en la Campiña y Subbética 16.150.

Una vez más -con perdón- pongo sobre la mesa mi equidistancia sobre cómo se ha actuado con el tema de las parcelas en Córdoba, donde se han conjugado intereses personales con los meramente mercantilistas y políticos, de manera que cualquier análisis que se haga siempre resultará inexacto para algunos o incompleto para otros.

Vaya por delante que nada que objetar al decreto ley. Ha habido en etapas anteriores en la Junta modificaciones legislativas para atajar este problema, que aunque generalizado en todo el territorio, tiene una serie de connotaciones propias en Córdoba. Y es que con el asunto de las parcelaciones siempre ha habido en esta tierra dos debates. Uno, políticamente correcto, en el que los partidos han abogado por el buenismo, por la empatía, por buscar soluciones a una situación que viene de lejos. Otro es el de la calle, el de los cordobeses ajenos a esa realidad de las parcelas, que en ocasiones es bastante menos generoso en su discurso y que apela a la igualdad de los ciudadanos tanto en derechos como en obligaciones, por lo que interpreta esa condescendencia política con el parcelismo como un signo de debilidad.

Por ello, me parece conveniente que todos los pasos que se den en el futuro con este asunto se hagan con la mayor transparencia y que, en la medida de lo posible, se deje el egoísmo partidario a un lado. Sé que es pedir mucho en el actual contexto, con una campaña electoral en puertas y un panorama desolador en cuanto a la credibilidad de quienes se dedican a la cosa pública. Ya se han ofrecido algunos datos sobre las viviendas que, presuntamente, puede acogerse a este decreto y que suman unas 8.700 en la capital, con lo cual hay muchísimas que se quedan fuera por estar en zonas inundables o en espacios de protección de un patrimonio tan valioso como Medina Azahara.

Los datos los ha facilitado el responsable municipal de Urbanismo [desconozco por qué en la sede del PP y no en la Gerencia] pero en cualquier caso ya se ofrecen algunas pistas de lo que se pretende. Está bien eso de que se clarifique lo más posible, que se explique qué ventajas se aplicarán a los propietarios y con qué argumentos, pero sin caer en el populismo -como ha ocurrido siempre en esta ciudad- para ganar un puñado de votos. No corramos el riesgo de, ya que hablamos de suelo, meternos en terrenos pantanosos. Sería un error como una casa.