Hemos tenido esta semana en Capitulares el llamado pleno organizativo que, como en otros muchos ayuntamientos de la provincia, establece el reparto de asignaciones económicas a los ediles y grupos de cada corporación. Por distintas circunstancias, sobre todo por la crisis y todo lo que ha pasado en este país, se trata de una de la sesiones más incómodas para los concejales, ya que se ven señalados por la opinión pública no por su gestión o forma de hacer política, sino por lo que cobrarán por ello. Es irremediable -faltaría más- que los salarios de políticos, los (presuntos) asesores y el personal de los partidos sean públicos y que además se exponga el asunto con luz y taquígrafos. Hasta aquí, todo bien, si bien luego está la tentación de hacer un uso más o menos torticero de la cuestión. En el caso del Ayuntamiento de Córdoba, las señoras y señores capitulares han decidido congelarse el sueldo, ya que no ha habido unanimidad a la hora de aprobar una revisión. Es más, han sido los grupos con menos representación (Vox y Podemos) los que se han opuesto a una posible subida.

El resto, PP, PSOE, Cs e IU, han señalado que lo de las nóminas habría que debatirlo con sosiego. Y no les falta razón, pero con el matiz de que, ya puestos, podrían haber actuado con más arrojo y tomar una decisión mayoritaria entre ellos aun a riesgo de que otros quieran hacer demagogia. Desconozco qué criterio justo habría que seguir para fijar cuánto debe cobrar un político en un ayuntamiento, pero lo cierto es que cada cuatro años volvemos al mismo debate, con opiniones tan diversas que unos se rasgan las vestiduras cuando ven los números y a otros les parece poco.

Teorías a lo largo de los 40 años de democracia municipal ha habido muchas, pero se ve que el acuerdo es complicado. Hay quien ha defendido que como la política es una actividad vocacional y pasajera, pues que quienes se dedican a ella deberían de recibir lo mismo que en su actividad profesional privada. Sobre el papel, parece razonable, pero la realidad nos dice que muchas y muchos de los que se dedican a este noble arte no han tenido otra ocupación que la de vivir de lo público, con lo que el planteamiento se cae por sus propio peso. De estos casos tenemos muchos en Córdoba y provincia.

La solución no es sencilla, pero habrá que afrontarla con valentía y ser conscientes de que habrá críticas. Decisión, transparencia y determinación. Es lo que la sociedad espera en esta y en otras cuestiones. Si les sirve de consuelo, un veterano alcalde de la provincia me comentó en una ocasión en una tertulia que creía en la política vocacional, pero que por su experiencia llegó a la conclusión de que se fiaba más de los concejales que tenían una retribución "justa" por su trabajo en el ayuntamiento que aquellos que sin cobrar salario estaban todo el día en el consistorio tomando decisiones. Que cada cual lo interprete como quiera.