Yerran los que claman estos días exigiendo la dimisión o el cese de Irene Montero tras el escándalo de la rebaja de condenas a los agresores sexuales. A la ministra ni se le pasa por la cabeza dimitir. Al presidente que la nombró quizás se le habrá ocurrido, y no sólo ahora, pero resistirá la tentación mientras no tenga aprobados los presupuestos y la legislatura no entre en su recta final. Sólo entonces romperá la coalición. Hoy los disparos contra Montero la refuerzan.

Mientras crece el goteo de revisiones a la baja de penas a diversos tipos de agresores sexuales en aplicación de la ley estrella del Ministerio de Igualdad (Ley de Garantía de la Libertad Sexual, popularmente Ley del sólo sí es sí), Pedro Sánchez espera impaciente que el Tribunal Supremo unifique doctrina y arregle el desaguisado, e Irene Montero niega la mayor: la culpa es de los jueces, que son machistas y no tienen formación en materia de género, la ley es perfecta para la protección de la mujer, que estaba indefensa hasta que ella llegó al cargo, y son los magistrados quienes la están incumpliendo cuando reducen las condenas a los despreciables violadores y abusadores.

Cualquier cosa antes que admitir que la ley fue una chapuza; que las redactoras usaron más el corazón que la cabeza -tratándose de una víscera poco preparada para la técnica jurídica-; que al eliminar el tipo penal del abuso y meterlo todo en el saco de la agresión sexual se produjo el efecto indeseado de rebajar las penas a ciertos ataques a la mujer, rebajas que benefician a los condenados por la antigua legislación: que, en fin, las leyes deficientes producen consecuencias opuestas a las que se buscaban por sus promotores. Que no fueron sólo Irene Montero y su equipo, sino todo el Consejo de Ministros con su presidente al frente y tres jueces entre sus integrantes, la mayoría del Congreso de los Diputados y el Senado.

Todos estaban avisados. Por el Consejo del Poder Judicial, que de modo unánime -progresistas, conservadores y neutrales- avisó: "La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente". También mostraron que el proyecto de ley era un bodrio el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, el Económico y Social y la Agencia de Protección de Datos. Hasta ERC y el PP alertaron durante el debate parlamentario. Irene, y Pedro, como si oyeran llover...