Sabemos que los peores pecados de las buenas personas son los de omisión. También los de los malos gobiernos. ¿Cómo se puede mirar hacia otro lado y no darse por enterado del gravísimo decreto que la Generalitat de Cataluña ha aprobado el pasado lunes con el objetivo declarado de incumplir una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Esa sentencia respalda un derecho constitucional que, a su vez, forma parte de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordamos todo esto por si alguien todavía cree que los padres que exigen para sus hijos una educación en español en Cataluña están excediéndose, ensayando una forma de boicot al sistema educativo catalán. Se trata, ni más ni menos, que de preservar los mínimos necesarios para garantizar que el derecho a la educación en la lengua materna se cumple en Cataluña y, por tanto, en España. Un mínimo que, muy a la baja, se ha fijado en un 25% de la enseñanza.

Las exigencias de los padres responden a una realidad que todas las estadísticas reflejan: la inmersión en catalán provoca en los niños y adolescentes castellanohablantes un índice de fracaso escolar, y de consiguiente abandono de los estudios, que se consideraría intolerable en cualquier otro lugar. La inmersión en catalán se ha convertido en el instrumento de la segregación y marginación sistémica de esa mitad de catalanes que tienen el español por lengua materna o de adopción. Para eso sirve la inmersión y no para la extensión del catalán, al que flaco favor se le hace con su imposición en aulas y recreos, incluso con formas de espionaje que parecen sacados de las peores ucronías.

PP, Vox y Ciudadanos han anunciado su intención de llevar el caso al Tribunal Constitucional. Vox ha reclamado, ante la gravedad de los hechos -todo un Gobierno autonómico que se niega a acatar una sentencia firme y la vadea en clara prevaricación- la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución. Incluso el PSC ha criticado el decreto del Govern porque "no da cumplimiento a la sentencia del TSJC, no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos, no menciona el uso curricular del castellano, desafía a los tribunales". Pedro Sánchez, atrapado en su telaraña, ya ha dicho que no hará nada.