DESDE hace tiempo, está en la calle el tema de los regalos a los políticos, últimamente con motivo del llamado Caso Gürtel, en el que han resultado imputados (que no condenados aún) algunos eximios dirigentes de la Comunidad Valenciana. La práctica del regalo, la lisonja y el gratis total forman parte desde tiempos inmemoriales de la picaresca española, de la que da cuenta buena parte de nuestra mejor literatura desde el denominado Siglo de Oro de la misma. La condición humana es especialmente sensible a ser manipulada por los que han estudiado -y así lo ejercen- en la Universidad de Monipodio, ese clásico patio de truhanes, malandrines y gente de mala laya.

En este sentido, en principio, no se hace ostentación de los métodos usados para torcer voluntades políticas o aproximarlas a los propios intereses de los corruptores, sino que se va tejiendo una urdimbre cada vez más compacta, iniciada con la adulación y con pequeños detalles, aparentemente sin importancia, con los que se busca ganarse el afecto y, en el colmo de la desvergüenza, hacerse pasar como personas interesadas en ayudar en su tarea al futuro corrompido. Cuando se ha trabado un vínculo de unión, ya se pasa a la etapa en la que la entidad de los regalos va en continuo incremento, vinculándose solapadamente a los primeros favores recibidos del regalado. De ahí al unte total, a la constitución incluso de una sociedad de delincuentes, queda poco.

Nuestra vida política, no ya en otros tiempos, sino desde la instauración de la actual etapa democrática, nos ha ofrecido muchos ejemplos en todos los ámbitos ideológicos, gobernasen los que gobernasen. Por lo que se puede colegir que la corrupción ha entrado a formar parte de nuestras entrañas, hasta el punto de que, en ocasiones, se llega a incluso a aplaudir por el plus de picaresca y listeza de los que navegan en esta pomada.

A todo esto, nuestra legislación no acaba de atajar de plano esta cuestión. Por ejemplo, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, al tratar de los principios de conducta de los empleados públicos, prescribe taxativamente que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal"; es decir, explícitamente está admitiendo la práctica del regalo, supeditándolo a un concepto jurídico indeterminado (no sobrepasar los usos habituales, sociales y de cortesía, que en cada sitio son distintos, en función del grado de corrupción a que se haya llegado) y nos remite a lo dispuesto en el Código Penal, en el que se tipifica el delito de cohecho, amén de otros vinculados a las autoridades y empleados públicos (malversación de caudales, tráfico de influencias, etcétera).

Dentro de los tipos posibles de cohecho, se habla del "cohecho impropio", que recoge el art. 426 del citado Código Penal, al señalar que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente incurrirá en la pena de multa (cuya cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros) de tres a seis meses".

En estricta ley, este precepto invalida al del Estatuto Básico del Empleado Público (posterior en el tiempo, al ser el Código Penal de 1995, con lo que se sigue demostrando que cada vez se legisla peor o, al hacerlo, se pretende tejer redes de impunidad que amparen los continuos desmanes de unos y otros), pues son contrapuestos, y en aplicación del mismo debería prohibirse la aceptación de cualquier regalo por las autoridades o empleados públicos por razón de su cargo o condición, pues -además- bastante regalo tienen con lo que perciben del erario público a cuenta de los contribuyentes, al margen de los privilegios de que gozan -sobre todo los primeros- en su vida en activo y en su bien dotadas jubilaciones.

Si se sigue haciendo la vista gorda o penando con escasa fuerza a los que se dejan comprar, difícilmente se erradicará esta plaga, cuyas ramificaciones abarcan todo tipo de corruptelas, llámense nepotismos, tráfico de influencias, colocaciones públicas y privadas al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad y otras muchas.