UNO de los peores hábitos de nuestro sistema democrático es el patriotismo de partido. Se basa a la vez en un dogma y en un interés bastardo. El dogma: los nuestros son los buenos sin mezcla de mal alguno, y los adversarios, todo lo contrario. El interés: si pierde el poder alguno de los nuestros, lo pierde todo el partido. ¿Y qué partido puede permanecer impasible si le quitan poder?

Esta férrea coyunda equipara las conductas de los políticos y da bastante pie a la creencia reaccionaria de que todos los políticos son iguales. Dependiendo de si un partido gobierna o está en la oposición sus iniciativas y actitudes cambian como de la noche al día. El mismo partido que sube las tasas municipales en el ayuntamiento que controla denuncia la escandalosa subida de impuestos acordada por el ayuntamiento de al lado, gobernado por sus adversarios. El partido gobernante a nivel nacional hará muchas de las políticas que criticaba mientras calentaba los bancos de la oposición. Etcétera.

Donde más indigna a los ciudadanos la doble vara de medir que manejan los políticos es en relación con los escándalos de corrupción. Los escándalos ajenos son constantemente jaleados y amplificados en su importancia, se proponen comisiones de investigación hasta sus últimas consecuencias, se exigen asunción de responsabilidades, ceses y dimisiones, hay personaciones en los tribunales... Pero, amigos, si el escándalo afecta a las propias filas -no conozco ninguna organización, política o no, que esté libre de garbanzos negros-, la cosa varía. Entonces la presunción de inocencia, que funciona sólo a efectos judiciales, se convierte en la capa que todo lo tapa, no hay nada que investigar ni nadie llamado a dimitir. Al contrario, todo el asunto responde seguramente a una confabulación policial, fiscal o de ex militantes cabreados.

Mariano Rajoy acaba de protagonizar un acto claro de patriotismo de partido. En Totana, en la región uniprovincial de Murcia, han detenido a un alcalde y un ex alcalde, del PP, empresarios que han sido concejales, funcionarios municipales y otros, a los que la Fiscalía de Delitos Urbanísticos imputa unos cuantos delitos cometidos presuntamente a través de una trama, o dos, de recalificaciones, ventas de suelo y otras especialidades del urbanismo corrupto. Rajoy, como si oyera llover. Mira para otro lado e incluso dice que no tiene constancia de las detenciones -¡sí que funciona bien la información en el PP...!-, mientras manda a sus subordinados difundir la especie de que se trata de una persecución contra el Partido Popular. Talmente como en Alhaurín hace unos meses. La ley del embudo como signo inequívoco del mezquino patriotismo de partido.

NO se trata de la cuesta de enero, sino de la que sufrimos desde hace varios meses, y que ahora se ha concretado con un dato nada tranquilizante: el índice de inflación se sitúa de momento en el 4,1. El doble de lo que había previsto el Gobierno, que por otra parte ha visto cómo sus previsiones de crecimiento ha tenido que revisarlas a la baja, como se había advertido desde distintos organismos internacionales que iba a ocurrir. Pintan bastos, nos vienen mal dadas. Ir al mercado es un dolor y lo mismo ocurre a la hora de acudir a una gasolinera. La hipoteca ha subido de tal manera que las cuentas salen con dificultad, o no salen, y las navidades se presentan como un problema por la dificultad de asumir los gastos.

El Gobierno echa las culpas al precio del crudo y de los cereales, que se han disparado hasta cifras inimaginables, pero aparte de echar culpas sería bueno que indicara qué piensa hacer para aflojarnos el cinturón. PSOE y Gobierno llevan semanas advirtiendo sobre las bonanzas del programa electoral con el que van a ganar las elecciones y apuntan los nombres de los grandes "fichajes" que aportan sugerencias -algunos han afirmado que no tenían noticia de que formaban parte del equipo que elaboraba el programa socialista-, pero todavía no han dado pistas sobre qué piensan hacer sobre muy diversos asuntos. Sobre todo, en los relacionados con las cuestiones del dinero.

Los expertos han advertido que la cifra actual de inflación supone un gasto suplementario para el Gobierno que gira en torno a los tres mil millones de euros, ya que deben ajustar la subida de las pensiones al IPC. De alguna parte tendrá que salir ese dinero, así que es lógico pensar que algunos de los proyectos en marcha se van a quedar a mitad de camino. Pero lo más relevante no es que no se puedan cumplir ciertas promesas electorales, sino qué decisiones tomará el Gobierno para paliar los efectos nocivos del alza de precios. Y, hasta el momento, no se concretan esas decisiones; el mensaje que nos transmiten desde el Gobierno es que sufrimos las consecuencias de una coyuntura muy condicionada al precio del crudo y de los alimentos, y que esa coyuntura la sufren los países de nuestro entorno. Bien, pero ¿qué se va a hacer para tratar de reducir el impacto del incremento desmedido de precios? Que, por cierto, es muy superior al 4,1 por ciento y lo sabe perfectamente cualquier persona que haga cuentas sobre los gastos de una familia.

Zapatero no ha sido consciente hasta ahora de las luces rojas, de las señales de alerta. Al final de verano, algunos colaboradores le aconsejaron que adelantara las elecciones a octubre porque empezaban a verse signos inquietantes económicamente hablando. El presidente respondió que no había de qué preocuparse, que no era para tanto. Vaya si lo es. Pero a Zapatero le ha cogido con la vena optimista a tope.