El Supremo ha dado por cerradas las investigaciones sobre los políticos independentistas el mismo día que Rodrigo Rato ingresaba en prisión. Se podrá criticar con razón la lentitud de la Justicia española y el partidismo ideológico que se aprecia en algunos jueces, pero nadie podrá decir que en España existen privilegios para quienes han ocupado altos cargos de responsabilidad.

El TS ha abierto juicio oral contra Oriol Junqueras y otros políticos que tuvieron un papel protagonista en el llamado procés. Se supone que la fecha del juicio se fijará después de las elecciones de mayo, o eso esperan los partidos constitucionalistas para que no se desarrolle en plena campaña electoral, pero de aquí a entonces el independentismo va a tener el máximo protagonismo posible y seguirá utilizando a los presos como avanzada de la campaña contra el Estado. Lo que está por ver, porque si algo identifica a la bancada parlamentaria independentista, con el presidente Torrent a la cabeza, es su empeño en no cometer ninguna ilegalidad, como hicieron Puigdemont, Torra, Forcadell y tantos otros, para evitar así el ingreso en prisión.

La incógnita que queda por despejar es cuál va a ser la reacción del Gobierno ante la decisión del Tribunal Supremo de mantener que los políticos deben continuar en prisión mientras no se celebre el juicio por "rebelión, malversación y desobediencia". Rebelión, a pesar del pronunciamiento de algunos dirigentes socialistas, incluido algún miembro del Gobierno e incluso alguna insinuación del propio presidente de Ejecutivo.

La continuidad de Pedro Sánchez en la Presidencia depende en buena parte del apoyo de los independentistas, que le exigen "un gesto" hacia los presos. Quieren que presione a la Fiscalía para que no mantenga el delito de rebelión, pero el TS lo ha asumido, y es difícil, por tanto, que el Gobierno intente ir contra su criterio, lo que deja a Sánchez en una situación de precariedad plena a pesar de que su correveidile Pablo Iglesias ha hecho intentos vanos por convencer a los independentistas de las bonanzas que les supondrían apoyar a los Presupuestos. Correveidile de Sánchez, aunque Sánchez lo niega, pero en política lo que parece es.

La Justicia ha demostrado este jueves que, a pesar de irritantes decisiones, cabreantes decisiones, todos somos iguales ante la ley. Lo que hace falta es que el Gobierno respete sus decisiones. Sin intentos de maniobrar políticamente.