LA sociedad española contempla el goteo de indicadores que nos muestran el continuo deterioro de la economía, y espera que el Gobierno adopte medidas para evitar que se acentúe. En particular, algunas organizaciones empresariales y colectivos afectados por el encarecimiento de los combustibles demandan actuaciones urgentes para evitar los graves impactos de la crisis en algunos sectores, y los partidos de la oposición critican al Gobierno por su falta de medidas económicas o la insuficiencia de las adoptadas.

Sin embargo, las posibilidades de actuación del Gobierno de la nación (aún más del regional) son muy limitadas, y algunas medidas que se proponen, inoportunas. Limitadas por la propia naturaleza de la crisis y por los escasos instrumentos que dispone. E inoportunas a veces porque en su afán de dar respuesta a las demandas ciudadanas se hacen concesiones que, a la larga, pueden ser perjudiciales para la economía del país.

En cuanto a la naturaleza de la crisis, de todos es conocido que en España se superpone una crisis nacional (el agotamiento del patrón de crecimiento de la última década) con otras dos internacionales (la crisis financiera y el encarecimiento de los precios del petróleo y otras materias primas). Obviamente, estas últimas sobrepasan la capacidad de actuación del Gobierno: ni puede crear una liquidez adicional significativa ni debe poner paños calientes a las subidas de los precios de las materias primas porque impedirían que la economía se adaptase al nuevo escenario de precios internacionales.

En cuanto a la especificidad española de la crisis, el diagnóstico es claro y compartido: una sobreoferta inmobiliaria con precios muy elevados y un consumo por encima de nuestras posibilidades, con baja tasa de ahorro, elevado endeudamiento y déficit exterior, aumentado éste por la debilidad competitividad de nuestra economía.

En este contexto, las autoridades económicas nacionales poco pueden hacer en el corto plazo al no disponer de las políticas macroeconómicas más contundentes: la política monetaria y la de tipo de cambio. En cuanto a la política fiscal, su impacto es reducido en el corto plazo y las posibilidades de la tan reiterada fortaleza de nuestras finanzas públicas puede ser una historia del pasado, pues el componente automático del presupuesto ya está reduciendo los ingresos impositivos y aumentando el gasto público… Y la experiencia española en los últimos veinte años ha dado una lección sobre las inconveniencias del déficit público.

¿Significa esto que los gobiernos deban quedarse cruzados de brazos certificando la dinámica de la crisis? Sin duda no, porque tienen poderosos instrumentos reguladores y fiscales para situar a nuestra economía en una posición más solvente en el medio plazo. Pero para ello hay que actuar en coherencia con el diagnóstico de la crisis: lo que necesita nuestra economía es un ajuste severo de precios y actividades a una nueva situación de equilibrio. Cuanto más rápidamente los mercados realicen el ajuste, menores serán los costes y antes se iniciará la reactivación. Y para que la economía española se adapte más solventemente será necesario moderar el consumo (privado y público) y adaptar el tejido productivo a las nuevas condiciones de competencia internacional. Y para ello los gobiernos deben aplicar reformas estructurales que faciliten el tránsito hacia una economía más competitiva, aunque éstas impliquen un coste político y sus efectos sólo sean visibles a medio y largo plazo.

Estas reformas deben favorecer el desarrollo de los factores de producción (del sistema educativo y de la formación profesional para potenciar y cualificar nuestro capital humano, del ahorro y la inversión para mejorar el capital productivo) y mejorar el funcionamiento de mercados claramente ineficientes. En general debe revisarse la amplia panoplia de regulaciones que impiden que los mercados no incentiven la innovación. En particular, el mercado del suelo, tan determinante del boom especulativo inmobiliario, o el mercado de trabajo, en el que centenares de miles de jóvenes preparados no pueden desarrollar su potencial productivo por la defensa numantina de los trabajadores instalados en sus puestos de trabajo como si fuesen de su propiedad, o el mercado de la energía, donde la competencia reina por su ausencia y se muestra de los más ineficientes de Europa, o la necesaria reforma de las administraciones públicas, para que sean más ágiles y menos costosas, o las restricciones a la libertad del comercio minorista,…

Reformas complejas y poco rentables políticamente, pero que posibilitarían que nuestra economía saliese fortalecida de la profunda crisis en la que nos estamos adentrando.