Pues ya tenemos una nueva ley educativa, la enésima desde que hay democracia y que, como la anterior y otras muchas, nace con fecha de caducidad. O lo que es lo mismo, en cuanto hay un cambio de gobierno y sea el PP el que tome el mando del país, la echará a un cajón bajo llave para imponer otra que, o mucho cambian las cosas, tendrá el mismo destino: perecer cuando se produzca el próximo relevo. Es una pena, porque estamos hablando de un asunto importante -todos los son cuando se trata de leyes- como es la formación de nuestros jóvenes, esos que a los que todos los partidos dicen que defienden, pero que al final ven cómo sus representantes públicos y sus colectivos acólitos los utilizan como si fueran monigotes.

No sé qué tiene que pasar en este país para que empecemos a hacer las cosas con un poco de sentido común y decencia. Aquí todas las formaciones se arrogan la posesión de la verdad sin la más mínima autocrítica, sin reflexión y, por supuesto, anteponen la crispación al acuerdo o al diálogo. Y es que tenemos una clase política tan torpe, que confunde negociación y cesión a la otra parte con debilidad y, así, es imposible que una sociedad avance sin división. Todos hacen sus cálculos electorales, medran y maquinan en beneficio de su interés propio o el de su partido, mientras que las necesidades de la población, de los que no están en esas guerras, les importa un pimiento.

La llamada ley Celaá es mala. Y no porque en su articulado haya cuestiones que son impresentables -que también-, sino porque nace sin consenso. Lo poco o mucho de positivo que pueda tener esta norma queda diluido por mor del enfrentamiento, el oportunismo y la arrogancia de quienes se sientan en el Congreso de los Diputados.

Tenemos unos jóvenes que son ejemplares en muchos aspectos, que antes de formarse en la universidad han tenido que pasar por escuelas e institutos y que se han convertido en magníficos profesionales que se los rifan en otros países de nuestro entorno -en materia sanitaria, por ejemplo-. Con este panorama, cuesta creer que se caiga en errores de esta magnitud y, lo que es peor, que se fomente la polarización de una sociedad ya de por sí fracturada.

La educación necesita mejoras estructurales de calado, ya sea la pública -abandonada por todos los gobiernos- o la concertada -acomodada y con más sombras que luces en su gestión-. Ahora, tanto los que rechazan la nueva ley como los que la apoyan sin fisuras, pretenden que todos caigamos en su trampa, la de hacernos creer que, de verdad, les importa el modelo educativo que tenemos en España.

El Gobierno no va a retirar la ley Celaá porque entonces la oposición diría que es un triunfo suyo y los que se oponen a ella no aprobarían modificarla porque sería hacerle concesiones al Ejecutivo. Es lo que hay. Mucha desvergüenza y poca educación.