El balcón

Ignacio / Martínez

El PSOE hace 'un Alaya'

LA Comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de formación de la Junta está dormida. Su presidente, Julio Díaz, no anda muy espabilado y el Partido Popular acaba de presentar una queja formal, porque todavía no se ha citado a ninguno de los 69 comparecientes designados la semana pasada. Como hay que notificarlo con 10 días de antelación, se puede decir que la ronda no va a empezar antes de dos semanas. Mal síntoma.

Si se toma con esta calma, la investigación parlamentaria puede prolongarse hasta 2017. La de los ERE duró seis meses, con la mitad de testimonios. Esta Comisión ha tenido un episodio curioso en su inicio: ¡el PSOE hizo 'un Alaya'! Sí, el Partido Socialista imitó a su juez maldita. Alaya ha cometido el error de una imputación universal a todo el que pasaba por allí en el caso de los ERE. Perdí la cuenta cuando iba por 270 imputados. En su afán de abarcar mucho, la magistrada ha diluido la responsabilidad de los auténticos culpables. Ella sabrá por qué.

Por el contrario, no intentó averiguar quién fue el jefe del PSOE que se benefició en el juego de poder interno de su partido del desvío de fondos esencialmente a la Sierra Norte de Sevilla. Algo que tampoco ha hecho, que se sepa, el propio Partido Socialista: habría sido muy sana una investigación interna para saber si lo defraudado en los ERE falsos había servido para engrasar a determinadas agrupaciones y ganarse su favor para las luchas intestinas. Y publicar el resultado.

Pues bien, el PSOE llevó a la Comisión de investigación la demanda de comparecencia de ¡275 personas! Será casualidad, pero parece una réplica a la estrategia de Alaya en los ERE. Los socialistas pretendían poner en evidencia que también en otras autonomías ha habido descontrol de los fondos de formación por parte del PP, especialmente en Galicia y Madrid. Pero ninguna región ha recibido los 5.000 millones de euros del Fondo Social Europeo que han venido a Andalucía desde enero de 1986. A parecer, demasiado para gastarlo cumpliendo las reglas, por eso se exoneró a muchos de sus perceptores de justificar el buen fin de las ayudas, antes de darles otras nuevas.

En total, quitando repeticiones, los cinco grupos de la Cámara pidieron la comparecencia de 300 personas, que se quedaron en 69. Se supone que acudirán primero los interventores, después los funcionarios y a continuación los políticos de menor a mayor rango. Esta Comisión tiene una diferencia con la de hace tres años de los ERE. Entonces la investigación estaba definida y el caso muy localizado. Ahora hay una docena de procesos judiciales por toda Andalucía, aunque las principales alertas rojas saltaron en Huelva, Málaga y Córdoba. En estos procedimientos actúan tanto la Policía como la Guardia Civil y se ignora todavía el alcance final de lo defraudado.

Este es un asunto muy vivo. Y necesita a un presidente de la Comisión de investigación muy despierto.

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