Puedo imaginar el nudo en el pecho de sus padres el día que nacieron. La vida les cambió de golpe a Salva, a Jorge, a María. Después aprendieron a verlos crecer despacio: la cabeza pequeña, la mirada oriental, la naricita chata, la lengua gigante siempre estorbando entre los dientes y ese gesto entre tierno y serio, tan enigmático. Tardaron en entenderlo, pero acabaron sintiéndose privilegiados. Mirarles a la cara, ser cómplices en sus juegos, atenderles en los estudios, son sutiles gozos cotidianos aparentemente triviales, pero a los que un niño con síndrome de Down les otorga la categoría de únicos. Un niño Down despierta lo que tenías dormido, te permite sintonizar con los sentidos más delicados.

Pepe, el hijo pequeño de Alfredo y Pilar, un buen día -no había cumplido aún cinco años- se despertó y se le había olvidado hablar. Le diagnosticaron síndrome de Landau-Kleffner, también conocido como síndrome de Penélope, porque los afectados presentan una actividad cerebral anormal durante la noche de forma que el sueño deja de cumplir sus funciones: ni repara ni consolida lo aprendido. Como la esposa de Ulises, el cerebro de estos niños desteje de madrugada lo que ha hilado durante el día.

Gustavo, el hijo de Cris, es asperger; tiene un talento superior para las matemáticas, pero no entiende las bromas ni las reglas sociales y analiza de una manera extremadamente lógica cualquier información. En una visita al zoo, se sentó junto a la vitrina donde dormitaba una pitón y amenazó con denunciar al director si no la liberaba inmediatamente.

Los hijos de Salva, de Pilar, de Cris son niños especiales que necesitan entrenamientos específicos y una educación personalizada. Pero el Gobierno y sus apoyos parlamentarios -lo mejor de cada casa- han decidido dejarlos atrás, aprobando, sin consultar a los padres ni a los terapeutas, una ley educativa -la ya tristemente célebre ley Celaá- que los condena a la exclusión, la marginalidad y, en muchos casos, el acoso.

La ministra y sus acólitos lo niegan, pero si el sentido común no lo remedia, en una década los colegios de educación especial habrán desaparecido y con ellos el mejor instrumento para que muchos alumnos con discapacidad consigan crecer como individuos e integrarse en el mundo que les rodea. El Gobierno subordina, una vez más, la realidad a la ideología, sacrificando el bienestar de chiquillos vulnerables en el altar pseudoprogre de la inclusión a toda costa.