No debe de ser fácil desempeñar el cargo de ministro de Hacienda y figurar entre los políticos mejor valorados de un país: ocuparse de la recaudación de los impuestos y redactar los presupuestos, con los inevitables agravios entre Comunidades Autónomas, provincias o los diferentes ministerios, es una labor ingrata que conduce casi siempre al enfado del votante, incluso del propio. Hacer todo eso, además, en tiempos de una crisis brutal garantiza la antipatía de los tuyos y los ajenos. Un buen ejemplo de todo ello es el ministro Montoro, célebre esta semana no por la saña en la recaudación tributaria ni por la reforma de la estructura de algún impuesto, sino por unas incomprensibles declaraciones acerca del uso de fondos públicos en el golpe de Estado catalán, que (nos) han escandalizado a la mayoría de los votantes del PP.

Los políticos secesionistas catalanes han demostrados ser en su mayoría bastante miserables, tanto en su categoría profesional como en la personal, despreciando el cumplimiento de la ley y arrastrando a una sociedad próspera a la fractura social y al odio. Pero también han demostrado que no son, ni mucho menos, idiotas: han sido muchas las veces en las que ha prevalecido su relato, han conseguido tejer una tupida red de contactos internacionales y han logrado a través del infame síndrome de Estocolmo que aqueja a los socialistas catalanes y se contagia a los actuales dirigentes del PSOE la aplicación de un 155 que deja en sus puestos a muchos participantes en el golpe, que no desmantela la red golpista incrustada en los Mossos o que permite que todos los días se veje a políticos no nacionalistas y se lancen soflamas independentistas desde TV3. No, no son torpes, y por eso no debe sorprendernos que en la contabilidad que ha escrutado el señor ministro no haya una partida bajo la rúbrica "Auxilio al golpe" o "Compra urnas 1-O".

Como el señor ministro sabe, eso no significa que no se hayan usado fondos para el golpe. Es absolutamente evidente que sí se ha hecho y, por fortuna, hay jueces encargados de acreditarlo, perseguirlo y castigarlo. Las declaraciones de Montoro son no sólo inconvenientes y falaces, sino descorazonadoras para cualquiera que esté luchando en Cataluña por la Constitución. Revelan además un grave error de juicio cuando sitúan el conflicto sólo en la cuestión del dinero, cuando hoy ha trascendido lo económico y se ha situado en lo identitario y en el puro supremacismo. Y, aunque confío equivocarme, me hace pensar que alguien puede estar pensando que esto se arregla no con el imperio de la ley sino buscando un nuevo Pujol, alguien a quien tener controlado simplemente dejándole llevárselo crudo y meciendo la cuna separatista. Sería un disparate.

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