En esta Córdoba nuestra nos levantamos ayer con una de esas noticias que, aunque grave en sus posibles consecuencias, nos resulta ya hasta casi familiar. Me refiero a la situación de la obra de la Normal de Magisterio, una infraestructura que se incluyó en el plan Urban Sur por el anterior gobierno local del PP y que no ha generado más que problemas en su ejecución. Salvando las distancias, nada nuevo que por desgracia no hayamos visto ya en otras infraestructuras de la ciudad, como el Centro de Convenciones del Parque Joyero, el Palacio de Congresos de la calle Torrijos o la Biblioteca del Estado. El inconveniente es que están pendientes de culminar unas cuestiones que tienen que ver con la seguridad del edificio y que la empresa se niega a ejecutar. Los problemas con la constructora, Vías y Construcciones, ha llevado a plantear al gobierno municipal resolver el contrato y, por ende, poner en peligro las ayudas que vienen de la Comunidad Europea para este tipo de actuaciones.

Mientras, uno empieza ya a cansarse de que casi nada salga bien en Córdoba, de repetir una y otra vez lo mismo en cada diagnóstico que se elabora de la situación y de que, al final, los trámites administrativos y judiciales se eternicen mientras que millones y millones de euros en hormigón se convierten en simples objetos decorativos para los ciudadanos, resignados ya ante tanta ineficacia.

Lo fácil, y también lo lógico, es culpar a los gestores de la cosa pública de todo. Y tienen responsabilidad, ya que entre sus funciones no sólo está presentarse a unas elecciones cada cuatro años, sino demostrar eficiencia en la gestión. No obstante, el concejal de Presidencia, Emilio Aumente, lanzó el pasado viernes un mensaje que, cuando menos, debería ser objeto de reflexión. El veterano edil socialista apuntó que cada vez que ocurren eventualidades como las de la Normal de Magisterio "sólo se mira al político", mientras que las constructoras suelen eludir el foco de las informaciones. Vaya por delante que un servidor ya ha sacado a la palestra en algunas ocasiones la postura de las empresas a la hora de concursar por determinadas obras, con propuestas que luego resultan fallidas y que obligan a rehacer todo el camino, ya que el presupuesto ofertado no llega ni de lejos para atender todo lo comprometido. Y coincido con Aumente en que en esos casos debe haber unas consecuencias que suelen llegar demasiado tarde cuando la causa se judicializa.

Más allá del lamento, habrá que buscar soluciones, las mismas que parece que la legislación en obra pública no ofrece. Ya hay experiencias -salvando las distancias- en materia de consumo en el que las empresas se someten a un arbitraje sin necesidad de recurrir a la vía judicial y que las dos partes del conflicto acatan. Tal vez sea un camino a explorar, de manera que las constructoras que quieran contratar con las administraciones acepten una mediación independiente, que sea resolutiva, justa y rápida, sin que ello suponga renunciar a los derechos que le correspondan. Seguramente evitaríamos situaciones tan patéticas como la de la Normal. Pero claro, para ello es necesaria voluntad política. Ustedes se lo miran.