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De reojo

Ángela Alba

aalba@eldiadecordoba.com

Miopía madrileña

Parece que Díaz Ayuso ya se ha olvidado de los muertos y de los hospitales y crematorios colapsados

El desigual acceso a la fase 1 de la desescalada entre provincias y comunidades autónomas ha provocado molestia en determinados presidentes regionales, que sienten que su tierra ha sido discriminada por el Gobierno central. Ha ocurrido con el popular Juanma Moreno, que cree que Málaga y Granada merecían, al igual que el resto de Andalucía, pasar a la siguiente etapa o, por lo menos, hacerlo algunos distritos sanitarios de esas dos provincias. También ha destacado por sus quejas el socialista Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, que reivindica "parámetros objetivos" en la desescalada. Allí solo han pasado diez áreas sanitarias de un total de 24. Ambos han criticado que sí haya accedido a la fase 1 País Vasco, algo que achacan a criterios políticos más que sanitarios.

Sin embargo, a la que desde el viernes vemos todos los días y a todas horas en televisión es a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Telediarios, magacines y otros programas de radio y televisión se han encargado de dar voz a la madrileña que, quizás de forma ingenua, en algún momento pensó que su comunidad iba a avanzar de fase siendo la más conflictiva de España en la crisis del coronavirus. Madrid es la zona cero del país, el lugar donde primero (y más) se colapsaron los hospitales, donde más muertos ha habido, donde los ciudadanos han tenido que esperar días a que las funerarias retiraran de sus casas los cadáveres de sus familiares, la comunidad de la que hace tan solo tres semanas salían camiones cargados de fallecidos para incinerar en Córdoba y Granada por la saturación en sus crematorios.

Todo eso parece habérsele olvidado -o a lo mejor nunca se ha interesado en saberlo- a Isabel Díaz Ayuso, cuyos intereses y pésima gestión se han visto reflejados en la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes. A esto se suma la querella criminal que 26 familiares de personas mayores de residencias han presentado contra ella, contra el consejero de Sanidad y contra diez directores de centros que han registrado fallecidos o usuarios mal atendidos durante esta pandemia. Piden que sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio a los más vulnerables. A principios de mayo, según datos oficiales, habían muerto por coronavirus 5.688 ancianos de residencias madrileñas, casi el 50% de todo el país.

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