Mensaje en la botella

Ley de Educación: ¡Miedo me da!

Este país necesita un modelo educativo con el máximo respaldo de los políticos

La reforma educativa con la que se pretende derogar la Lomce iniciará su trámite parlamentario en enero. Es el anuncio de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para más señas portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes. Así, será en 2019 cuando los partidos y demás entes sociales y económicos traten de consensuar una norma que seguramente -otra cosa es que los políticos sean conscientes de ello- es de las más importantes a las que se tiene que enfrentar un Parlamento. Que se hable de "modernizar" el sistema o de que sea "respetuoso" con la Constitución no dejan de ser frases hechas y que deberían darse por supuestas, ya que nadie entiende que se pueda proponer una ley en contra de la Carta Magna o que no trate de mejorar los vicios de la anterior. En cualquier caso, visto como está el patio, me temo lo peor con esta enésima reforma que se nos ofrece desde el Gobierno.

Cierto es que partimos de la base de que la Lomce del ínclito ministro Wert fue un despropósito tanto en su tramitación como en algunos de sus articulados, al igual que la anterior o la anterior de la anterior. Porque el problema aquí sigue siendo el mismo, que no es otro que cada uno trata de legislar al capricho de sus intereses, con el ánimo de contentar a sus acólitos y reprochar al adversario político e ideológico sus posiciones.

Y no es eso. Cuando se aborda la reforma de una ley educativa, el punto de partida y el final tienen que ser contentar a todo el mundo, buscar un modelo que perdure en el tiempo y que satisfaga al conjunto de la sociedad, independientemente de las aportaciones puntuales que cada gobierno pueda ir realizando durante su mandato. Seguramente, los políticos son un reflejo de la sociedad y somos nosotros mismos los que proyectamos para los cargos de responsabilidad a personas que están más pendientes de sus asuntos ideológicos o personales que de los generales, pero en cualquier caso es nuestra obligación apelar a que se logre una ley que pueda servir a todos, de la que el conjunto de ciudadanos e instituciones se sientan mínimamente contentos.

La verdad es que a partir de enero, cuando el texto del Gobierno llegue al Congreso de los Diputados, me temo lo peor. Ojalá me equivoque, pero veremos mucho postureo, escaso interés general y mucho defender sólo a una parte de la sociedad, con el ánimo de imponer más que consensuar. Antes de que llegue ese momento, a ver si entre todos nos damos cuenta de que lo que necesitamos en este país es un modelo educativo con el máximo respaldo, que marque el camino a seguir para al menos una década y en el que no debe haber vencedores, vencidos ni indolentes. Pero tal vez sea pedir demasiado. Como dice un buen amigo, tendremos que esperar a ver lo que perpetran nuestros políticos. ¡Miedo me da!

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