La primera fase del aislamiento ya está cumplida. Decir que la hemos salvado con nota sería injusto, entre otras cosas porque son miles las personas que han muerto por el covid-19 y muchos miles más los que lo padecen. Nuestro problema sigue siendo el mismo, porque no sabemos con exactitud a qué nos enfrentamos, pero dos semanas nos ofrecen un margen suficiente para hacer algunas acotaciones -y también críticas- a cómo se está gestionando esta crisis, la peor de las que se recuerda en décadas.

Y es que hemos pasado de una lealtad casi inquebrantable hacia quienes nos gobiernan a un mar de dudas sobre su capacidad de afrontar el problema y las medidas que se están aplicando. La verdad es que se trata de un dilema complejo, porque, por un lado, sabemos que no podemos ni debemos dar la espalda a nuestros dirigentes y, por otro, tampoco procede que cerremos los ojos ante la evidencia de que las cosas se pueden hacer mejor.

En este punto, no me queda más remedio que salir en defensa de nuestra profesión, la del periodismo, porque en situaciones como la que atravesamos está claro que somos más imprescindibles que nunca. Y esto es así no solo por nuestra labor social y esencial de contar las cosas en la defensa de la democracia, sino porque tenemos la responsabilidad añadida de tratar de esclarecer todos los bulos, mentiras e intoxicaciones que llega a diario a la ciudadanía a través de la redes. La sociedad nos necesita.

Los gobiernos -desde el central hasta los autonómicos y los locales- precisan de nuestra adhesión, pero no a cualquier precio y sin condiciones. Tenemos derecho a criticar, a mostrar nuestro desacuerdo y a exigir eficacia en las acciones que realizan, porque para eso los hemos elegido. Otra cosa muy distinta es lo que expresen legítimamente cada uno de los responsables de esas administraciones en función de su ideología para desgastar al adversario político, pero con la cautela que requiere el momento, porque se les puede volver en contra. El Gobierno de Pedro Sánchez se está equivocando en muchas de sus decisiones. Se ven carencias y errores de bulto de los que, en su momento, deberá dar cuenta. Lo mismo se puede decir de las comunidades autónomas, empezando por la andaluza, con desaciertos más que notorios y tentaciones absurdas para hacer mella en otros.

En este punto, sí merecen un reconocimientos los alcaldes y alcaldesas -no todos y espero que el de Córdoba tome nota- que están haciendo un ejercicio de transparencia diario explicando a sus vecinos cuál es la realidad del coronavirus en sus municipios.

Mientras, la oposición hace bien en fiscalizar a los gobiernos pero, insisto, que se den cuenta de que el problema también lo tienen ellos. Porque no hay certidumbre sobre la capacidad de los que están para resolver con eficiencia esta crisis, pero tampoco se puede esperar mucho más de los que quieren ser la alternativa. Es triste, pero es la clase política que tenemos.

Confío en la sociedad en general, en sus empleados públicos que se están dejando la vida. Lealtad a ellos y, también, a quienes nos gobiernan, aunque no se lo merezcan.