DIZQUE las asociaciones de jueces y fiscales han certificado la defunción (política y profesional) del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón: "Las Asociaciones le damos por muerto. No nos sirve para hablar".

La categórica afirmación corresponde a José Luis Armengol, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

Cabe concluir: a): Los jueces, "muerto" Gallardón, sólo admiten como interlocutor válido a Rajoy. Lo confirma el propio Armengol, cuando dice: "Nuestro interlocutor es el presidente del Gobierno, llame quien llame". b): Consecuentemente, sólo Rajoy podrá impedir que los jueces y fiscales convoquen huelga.

La valoración que la ciudadanía hace acerca del funcionamiento de la Justicia constata que no pasa por su mejor momento, precisamente: La tardanza en resolver y las decisiones judiciales, a veces controvertidas y muy discutibles, justifican un desprestigio más que merecido. Podríamos ilustrar nuestra "opinión" con un interminable rosario de asuntos con rango de... "Caso". Y de escándalo. No lo haremos, a fin de no cansar la atención del lector.

Por otra parte, las medidas -que no las causas de las mismas- adoptadas por los jueces y fiscales (algunos, que no todos), que de repente se erigen en defensores de la justicia social no contribuyen a mejorar la situación. Todo lo contrario: nos parecen un monumental despropósito, inoportunas, no exentas de cierto tufillo político. No pueden prosperar: Los jueces y fiscales tienen la condición de funcionarios. De salir a flote su ocurrencia de negociar sólo con la Presidencia del Gobierno, ello dejaría expedito el camino para que los demás funcionarios pudiesen ningunear al ministro de turno y apelar directamente al presidente. O que el ciudadano de a pié prescinda de su juez natural y acuda, directamente, al TS. ¡Un precedente... de locos!.

Sin embargo, sería visto, seguramente con buenos ojos, que sus señorías (algunos) adoptasen medidas para borrar del mapa su escandalosa dependencia de partidos políticos, evidenciada por su propia clasificación en "progresistas" y "conservadores", que implica una Administración de Justicia en función de ideales políticos y no de la ley. Además, resulta de Justicia que dejen legislar -y gobernar- a quienes les corresponde y se ocupen de cumplir sus obligaciones, que no son otras que las de interpretar, cumplir y hacer cumplir las leyes. No elaborarlas o pretenderlo. Ouséase: los jueces, en su sitio. Así, lograrían la auténtica justicia social que dicen defender. Y acabarían, con los ERE, las cuentas en Suiza, el "Faisán"... y con el desprestigio (más dañino que las tasas judiciales) de la justicia, en la que solo creen los dotados de una sobredosis de buena fe.