Hace 16 años que la política española se enmierdó -lo siento, pero degradó o envileció me resultan expresiones suaves- y desde entonces no ha salido de la letrina. Tras el atentado del 11 de marzo de 2004, Aznar, como presidente de la nación, y Rajoy, Zapatero y Llamazares, como candidatos del PP, PSOE e IU, debían haber comparecido juntos mostrando sentido del Estado y unidad ante la ciudadanía abrumada por los 193 muertos y los dos mil heridos de la masacre islamista. Por el contrario, se desató una guerra sucia de mentiras y asedios con la vista puesta en las inminentes elecciones.

16 años después de aquella vergüenza tras la mayor matanza desde la Guerra Civil, ante otra tragedia que ha ocasionado 27.134 muertos oficiales y más de 43.000 reales, y provocado la que, según el FMI, es la mayor crisis económica desde el crack de 1929, nuestros políticos han vuelto a reaccionar de forma tan miserable como entonces. Todos. Con mayor culpa -como en 2004 sucedió con Aznar- en quien tiene la responsabilidad de gobernar. Ni Sánchez & Iglesias, desde el Gobierno, ni Casado, Abascal y Arrimadas, desde la oposición, han dado la talla mínima exigible a políticos de verdad -no a alfeñiques ambiciosos y egoístas- ante esta tragedia. Y lo mismo puede decirse de muchas comunidades autónomas, como la de Madrid, en la que a la ineficacia se ha unido la vergonzosa y dañina desunión ante la catástrofe, además de entre quienes gobiernan y la oposición, también entre los socios de gobierno de PP y Ciudadanos.

Espero que, de confirmarse las denuncias y filtraciones, esto tenga consecuencias no sólo políticas, también penales. Porque tras la bronca entre los consejeros Reyero (Cs) y Ruiz (PP), que lo es también entre Ayuso y Aguado, están los 6.007 ancianos fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Espero que las denuncias se fundamenten bien y que los actos -tanto del Gobierno de la nación como de los autonómicos- tengan consecuencias. Tras el precedente de Teruel, primera condena a una administración pública por no suministrar material de protección suficiente a los trabajadores sanitarios aun sabiendo que los contagios masivos eran algo previsible, ha venido la sentencia contra el Gobierno vasco por no facilitar a la Ertzaintza los medios para protegerse del contagio. Ojalá todos los responsables paguen políticamente sus evidentes miserias y penalmente sus presuntas culpas.