DESPUÉS de haberlo sugerido en varias ocasiones, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, propuso el jueves una reforma de la Constitución española tras 34 años de fructífera vigencia, lo que hace que dos tercios de los españoles de hoy no pudieran votarla en su momento. Los dos aspectos a reformar en los que puso el énfasis el presidente andaluz son asumibles desde el punto de vista del interés general de Andalucía: el cierre definitivo del modelo territorial del Estado, con la definición clara de las competencias y financiación de las comunidades autónomas bajo el principio de la equidad, la garantía de igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y la transformación del Senado de la nación en una auténtica cámara de representación territorial. Lo primero responde a la necesidad de cerrar el mapa del Estado de las Autonomías sin caer en el centralismo ni en la disgregación soberanista. Lo segundo es una reivindicación tantas veces repetida como no satisfecha por ninguno de los partidos que han gobernado. Andalucía, que tanto protagonismo se ganó en la configuración del Estado autonómico, está llamada a desarrollar un papel decisivo también en esta reestructuración. Dicho esto, hemos de ser conscientes de las dificultades de este empeño reformador. Por un lado, no es la reforma constitucional la necesidad más perentoria de una sociedad que atraviesa una profunda crisis económica a la que no se le ve salida. Por otro, la Constitución de 1978 fue fruto de un amplísimo consenso y, además, estableció procedimientos de reforma complejos y también necesitados de mucho respaldo. De las tomas de posición de unos y otros partidos, empezando por los dos mayoritarios, sin cuyo concurso y colaboración la reforma es imposible, se puede colegir que actualmente no se dan las condiciones precisas. Hay numerosos y graves asuntos públicos en la palestra, cuya solución es prioritaria a una reforma constitucional, y el clima de hostilidad y enfrentamientos cruzados entre las fuerzas políticas no favorece en absoluto el inicio de negociaciones encaminadas a conseguir un texto constitucional más consensuado, adecuado y enriquecedor que el vigente.