El incendio forestal del Puerto del Calatraveño, en Alcaracejos, ha sido uno de los más graves de los que se han producido en Córdoba en los últimos años, no solo por su extensión -más de 600 hectáreas-, sino por el daño que ha generado en una zona de gran valor ambiental. Este fuego se produjo apenas unas horas después de que las llamas amenazaran la localidad de Villaralto, cuyos vecinos vivieron una de las noches más angustiosas que se recuerdan, ya que vieron peligrar la integridad de sus viviendas.

Ambas catástrofes han coincidido en el tiempo con otras en distintos puntos del país -la más importante en Ávila-, lo que ha llevado al Gobierno, como suele ser habitual en estos casos, a tomar una serie de medidas que buscan -otra cosa es que los afectados lo consigan por la burocracia que conllevan- paliar los daños que se hayan podido producir en los bienes de los afectados.

Y aquí está el quid de la cuestión. Porque el Ejecutivo, en base a los papeles que tenía sobre la mesa, incluyó a Villaharta en la resolución que popularmente se conoce como zona catastrófica, pero dejó fuera de ese paquete de ayudas -presuntas, insisto- a Alcaracejos. Para ello, se basó en cuestiones técnicas, como el nivel de emergencia que se aplicó en cada uno de los incendios, de manera que como Villaharta estaba en nivel 1, pues le toca recibir fondos, y como Alcaracejos se quedó en nivel 0, pues eso, cero.

No hace falta ser muy avispado para caer en la cuenta de que se trata de un error por parte del Gobierno. Un desacierto que debería corregir lo antes posible y del que, seguramente, alguien podría haberle advertido antes de aprobar la declaración de zona catastrófica. Pero ni lo hizo la Delegación del Gobierno en Andalucía (a través de la Subdelegación en Córdoba) ni tampoco la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en materia medioambiental.

Tal vez por eso, por la torpeza de unos y de otros, los principales partidos -PP y PSOE sobre todo- se han enfrascado esta semana en una agria polémica, con acusaciones, declaraciones y comunicados en los que trataban de sacudirse su responsabilidad para echársela al adversario. Han sido dos días de rasgarse la vestiduras, de lamentos y quejas y de denuncias de ineptitud hacia la administración que, lógicamente, no está en manos de sus respectivos partidos.

Si se repasa lo dicho por populares y socialistas, uno llega a la conclusión de que la clase política cordobesa es imprevisible. Siempre tiene la capacidad de hacer el ridículo aún más que el día anterior y muestra una insensibilidad hacia los problemas de los ciudadanos que es preocupante. Los cordobeses no quieren, a buen seguro, a unos políticos que se pavonean de cómo dejan en evidencia a sus oponentes en lugar de buscar soluciones efectivas e inmediatas. Es lo que pasa cuando se le echa gasolina al fuego en lugar de tratar de apagarlo. Así nos va.