El fenómeno de la España vaciada lo hemos visto -o hemos querido verlo- desde Córdoba como un problema de otros, una situación anómala en provincias del interior peninsular que ante la falta de oportunidades, infraestructuras y la cercanía de grandes urbes estaba provocando un problema de difícil arreglo. Ante la pasividad de unos y otros, la despoblación se ha ido acrecentando, hasta el punto de que han tenido que surgir movimientos como Teruel Existe, que ha logrado un escaño en el Congreso y dos senadores en las últimas elecciones generales, o Manifiesto por Cuenca, que se ha hecho público esta misma semana y que firma un grupo de personas destacadas de esa tierra para exigir medidas ante la sangrante pérdida de habitantes que llevan arrastrando.

Córdoba no está, a día de hoy, en el contexto de Teruel o Cuenca, pero los últimos datos de actualización del padrón sí deben llevar a tomarse un poco más en serio lo que está ocurriendo. En síntesis, como publicó este periódico ayer, el Instituto Nacional de Estadística viene a decir que el 87% de los municipios cordobeses ha perdido habitantes en los últimos diez años. Hay casos sangrantes, sobre todo en las dos comarcas del Norte (Los Pedroches y Valle del Guadiato) y otros muy llamativos en la Subbética. La capital también registra cifras negativas, mientras que las que suben son las localidades más próximas a Córdoba ciudad.

Y, además, las llamadas ciudades medias de la provincia (las de más de 20.000 habitantes) o se han estancado en su crecimiento demográfico o han bajado en número de vecinos, con lo que se ratifica que ya no se produce un éxodo del pueblo pequeño al gran núcleo más cercano con un cierto nivel de servicios, sino que sobre todo los más jóvenes abandonan el territorio para buscarse la vida en otro sitio. Y que nadie se engañe. Muchos de los que se han marchado lo han hecho obligados por la imposibilidad de encontrar un empleo digno y hastiados de ver cómo nadie hace casi nada para tratar de cambiar la cosas.

Es cierto que hay instituciones que ya están preparando medidas, como es el caso de la Diputación de Córdoba, pero está claro que esto no se arregla en solitario, ni de manera desordenada ni con las rencillas habituales entre administraciones de distinto signo político. De alguna manera habrá que consensuar programas públicos -en colaboración también con el sector privado- no solo para frenar la pérdida de habitantes, sino hacer atractivo el entorno rural para los más jóvenes, además de planes que fomenten la natalidad. Frente a la despoblación solo cabe la acción y el compromiso de que quienes tienen responsabilidades públicas no van a mirar para otro lado, que de eso ya tenemos bastante en Córdoba.