EL Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea ha atendido los recursos planteados por el Gobierno del Reino Unido y el local de Gibraltar contra un acuerdo de la Comisión Europea que vetó la reforma fiscal que las autoridades del Peñón quisieron aplicar en 2004. El argumento utilizado por la Comisión es que existía discriminación respecto a las empresas establecidas en otros lugares del Reino Unido. Ese principio ha sido tumbado por la sentencia emitida hace unos días, pues el Tribunal reconoce que Gibraltar, basándose en un caso previo de las islas Azores, puede tener una fiscalidad propia en su territorio. Lo hace en base a la autonomía que tiene la colonia respecto del Gobierno británico, autonomía que ha sido reformada y reforzada con la nueva Constitución gibraltareña. España, tras conocer el fallo, está estudiando si interpondrá un recurso, para lo que hay un plazo de dos meses. Desde el punto de vista español, la sentencia es un arma de doble filo, porque si bien no afecta a la obligación de suprimir en 2010 la exención del impuestos de sociedades sí abre la puerta a que el gobierno gibraltareño idee fórmulas para mantener en el tiempo muchos de los privilegios que ahora le otorgan la condición de paraíso fiscal y centro de blanqueo de capitales. Algo que no se debe permitir. El régimen económico y fiscal gibraltareño sigue generando, al amparo del anacronismo de que un país de la UE tenga una colonia en territorio de otro miembro de la Unión, importantes diferencias con Andalucía, especialmente la comarca que circunda al Peñón, el Campo de Gibraltar. Durante la pasada legislatura el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aplicó una política de diálogo y cooperación entre ambos lados de la Verja, aparcando la cuestión de la soberanía. Gibraltar, al tiempo, negoció una nueva relación con mayor autonomía del Reino Unido, que incluye también la económica y financiera. Este clima debería llevar a que las partes se sienten a partir de 2009 a negociar una salida definitiva para un conflicto que permanece desde hace más de 300 años. Se impone la negociación para acabar con siglos agravios.