Se ha escrito estos días que cuando todo falla quedan las instituciones como garantía de los derechos y libertades. Por eso mismo deberíamos cuidarlas con esmero. Y reformarlas. Un ejemplo palmario ha sido el resultado de las elecciones norteamericanas. Ya sabe todo el mundo que un empresario inmobiliario, populista reaccionario, rico y grosero ha conseguido la Presidencia de los Estados Unidos.

El asunto trae de cabeza a todo el mundo; nadie lo esperaba y casi nadie lo deseaba. Pero lo que quizá no sepan es que Trump no ha ganado las elecciones. Hillary Clinton le ha sacado una ventaja notable: ha tenido un millón y medio de votos más. Un sistema arcaico por colegios electorales permite por quinta vez en la historia de EE UU que gobierne el candidato menos votado. Cosas así deterioran el prestigio de las instituciones.

Aquí en España el PP no se ha cansado de reclamar su derecho a gobernar por ser el partido más votado y no haber alternativa. Era de sentido común. Por el contrario no tiene razón cuando presume de controlar el Senado por una amplia mayoría. En las últimas elecciones, con el 33% de los votos el PP consiguió el 57% de los senadores en liza. La reforma del Senado es urgente. Si va a ser una Cámara territorial debería serlo de verdad, con representación más proporcional. Hay que añadir que su simple desaparición tampoco estaría mal.

Una ley electoral que no permite recuperar los restos en la elección al Congreso purga a las minorías injustamente. Felipe González en su intervención en el Foro Joly esta semana ha apuntado al capítulo 1 [salarios] de las diputaciones cuando haya que ajustar el presupuesto nacional. Más bien deberían desaparecer y que sus funciones las ejerciesen las comunidades autónomas. Rubalcaba dudaba y Sánchez no sabía, mientras que para Rajoy o Susana Díaz son intocables.

Los cambios en el sistema electoral serán muy difíciles de conseguir porque a los viejos partidos les va bien y los nuevos regeneracionistas o se pasan o no llegan. Los moderados de Ciudadanos son demasiado condescendientes y los radicales de Podemos se dedican al teatro en las instituciones. El número de esta semana ha sido pedir la libertad para Andrés Bódalo, su concejal de Jaén condenado por agresión, siendo reincidente.

O que Iglesias no quisiese saludar al Rey en la apertura de la legislatura, cuando en Bruselas fue a regalarle Juego de Tronos. Travesuras infantiles. Pero aún más grave ha sido la pretensión del PP que colocar de presidente de la Comisión de Exteriores a un ex ministro reprobado por el Congreso y en vísperas de ser investigado en el Congreso por perseguir a sus adversarios políticos. O que el Gobierno vete la decisión del Congreso de suspender la LOMCE. Deteriorar las instituciones no es sólo una falta de respeto, significa poner en riesgo derechos y libertades.

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