LA sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado por no ejecutar una sentencia de malos tratos contra el presunto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, es escandalosa por lo escaso de su cuantía. Quizá desde el corporativismo de los jueces se puede entender esta ridícula pena sacando a colación la sobrecarga de los órganos judiciales, pero la dimensión social del caso y las consecuencias del error han sido tales que las responsabilidades exigidas deberían ser más duras. Es cierto que no se puede criminalizar a Tirado ni culparle de la muerte de la niña, mas los jueces deben saber que gestionan el futuro de muchos criminales que entran y salen de la cárcel una y otra vez. Quizá por ello sea todo culpa del sistema, del que siempre nos acordamos, como de Santa Bárbara, cuando truena. Quizá por ello en las informaciones sobre detenciones policiales a menudo se afirma que al infractor le constan decenas de antecedentes. Y el tío en la calle. Así nos va.