Supongamos que los grupos parlamentarios de PSOE y PP llegan a un acuerdo; supongamos que al final el Parlamento aprueba la propuesta y se renuevan los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nada de esto evitaría ya el deterioro al que ha sido sometido ese organismo y, lo que es peor, el desprestigio que ha sufrido el propio poder judicial. Es evidente que el sistema de elección tiene que ser revisado, porque ha sido suficiente que un grupo parlamentario (PP) se declare en rebeldía y no acceda a acordar los nuevos nombramientos para que se ponga en crisis todo el sistema constitucional de elección del gobierno de los jueces. Pero el camino no es, desde luego, trasladar a las asociaciones profesionales de jueces, sin legitimidad alguna para ello y ajenas a la soberanía popular, el ejercicio de elección mediante acuerdos que hasta ahora deberían realizar los grupos parlamentarios. La solución no es, por tanto, hacer los nombramientos de forma endogámica y corporativista; es el mecanismo parlamentario de elección el que debería revisarse para no llegar al penoso espectáculo que hemos contemplado.

Pero lo curioso de este acuerdo en ciernes es que tiene como desencadenante la renuncia del presidente del organismo en cuestión. La perplejidad estriba en que si es esa dimisión el motor del acuerdo nadie entiende por qué el señor Lesmes no la presentó hace bastante tiempo, como le solicitaban diversos sectores de la opinión pública. Si desairada ha sido la posición de este magistrado en todo el proceso, su resistencia a marcharse y los efectos producidos por su cese lo sitúan en peor posición aun.

Pero no deja de llamar la atención que haya sido esta esperada y solicitada dimisión el revulsivo que haya acelerado la actividad de negociación y el acercamiento de posiciones hasta el punto de pensar que el esperado acuerdo es posible. Resulta francamente ridículo que hasta que no se haya hecho realidad la amenaza de cese parece que no haya habido conciencia de la desastrosa situación por la que atravesaba el organismo de gobierno judicial y de la urgencia de su renovación. Da la sensación que solo ante el hecho consumado que, por otra parte, era evidente que podía producirse, se ha reaccionado y eso no deja de ser bastante preocupante, porque al final puede pensarse que si el señor Lesmes no dimite, aún estaríamos en ese desesperante diálogo de sordos que la renovación del CGPJ ha significado. Y aquí no hay equidistancias posibles