Mensaje en la botella

Deuda pendiente con el Reina Sofía

Que la sanidad ha sido una bomba de relojería que le estalló en su día a la Junta de Andalucía es algo evidente. Las razones son muchas, desde la crisis económica a la falta de sensibilidad de nuestros gobernantes, pasando por la escasa capacidad para afrontar determinadas actuaciones o porque se ha pensado más en cuestiones de partido que en la gestión. En Córdoba no hemos sido ajenos a esa problemática, desde la Atención Primaria en los centros de salud hasta otros niveles, como es el caso del Hospital Reina Sofía, el estandarte del sistema público de salud en la provincia. La consecuencia más directa de todo ese embrollo fue la paralización del plan de modernización del hospital, que se enterró en un cajón a la espera de que la situación cambiara. Diez años han pasado desde entonces. Una década en la que la Administración se ha atrincherado -tal vez porque no tenía más remedio- y mareado la perdiz mientras que la paciencia de los ciudadanos y los profesionales del centro se iba acabando, ya que son ellos los que han vivido en primera persona la rebaja en la calidad de las prestaciones.

Y así hemos seguido hasta el pasado viernes. Ése día, la consejera de Salud, Marina Álvarez, anunció que en 2018 saldrá a licitación la obra para el nuevo Materno-Infantil del Reina Sofía. Cierto es que no ofreció plazos, ni cantidades, ni un cronograma más o menos serio de cómo se afrontará el proyecto. En cualquier caso, supone un paso adelante respecto a la casi resignación que padecemos en esta provincia. Lanzar ahora alabanzas a la Junta por este gesto sería atrevido e injusto, ya que lo único más o menos plausible es que, por fin, el Gobierno andaluz muestra su voluntad de saldar una deuda pendiente con Córdoba. Un débito que no se concreta solamente en la ejecución más o menos decente de un nuevo edificio, sino que debe venir acompañada de otra manera de hacer las cosas. Sirva como ejemplo de lo que no hay que hacer el intento chusco del que ahora se cumple un año, cuando la Junta quiso privatizar el aparcamiento del complejo sanitario a cambio de realizar esa esperada ampliación, que se intentó llevar a cabo con escasa transparencia hasta que lo desveló este periódico. Por fortuna -esta vez sí- la presión ciudadana logró paralizar aquella iniciativa y la Administración no tuvo más remedio que rectificar.

Salud tiene el reto además de recuperar la implicación de los profesionales -muy buenos, por cierto- que trabajan en el Reina Sofía. Hay que acabar con las dudas que muchos de ellos muestran y exponen -ya sin ningún tapujo- sobre el camino que está siguiendo (o ha seguido) el hospital. Al final, se trata de volver a ese espíritu del Reina Sofía que durante años llenó de orgullo a quienes trabajan en ese centro. Y lo que son las cosas. Quien tiene ahora esa oportunidad es una consejera que precisamente ha estado al frente de complejo sanitario durante años, que le tocó la etapa de mayor conflictividad, de la que nadie duda de su capacidad pero que no tuvo la destreza (ni los medios, ni la pericia) suficientes para reconducir la situación. Y es que, a veces, los caminos de la política son inescrutables.

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