Era previsible. Tenía que llegar antes o después. Me refiero al informe de los arquitectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que ratifican la situación de abandono en el que se encuentra el Centro de Convenciones y Ferias de Córdoba del Parque Joyero, un fiasco -uno más- del Ayuntamiento de la ciudad, si bien es verdad que en este caso en concreto hay una irresponsabilidad manifiesta por parte de varias formaciones políticas, puesto que se trata de un proyecto ya mal planteado por el PP en el anterior mandato y mal gestionado por el actual cogobierno de PSOE e IU. Lo cierto es que, si echamos la vista atrás, bien podría decirse que el ansiado palacio de ferias es todo un ejemplo de cómo nunca se deben hacer las cosas. Las consecuencias, como siempre, las pagarán los ciudadanos, mientras que las señoras y señores ediles se dedican a reprocharse lo que hicieron en el pasado y lo que han dejado de hacer en el presente, en un intento evidente de querer salvarse ellos y hundir si se puede al adversario. Es el nivel de políticos que nos ha tocado.

Ahora se vuelve de nuevo hablar de fechas, de cuándo se pronunciará el Consejo Consultivo y el proceso que llevará la nueva licitación. Ojalá todo se resuelva a la mayor brevedad, pero una vez leído ese informe de los arquitectos, mucho me temo que nos encontremos con un escenario muy similar al del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, cerrado por circunstancias parecidas al centro de ferias y que, tras años de abandono, resulta que sólo limpiar y adecentar lo que allí había ha costado a los cordobeses casi 150.000 euros, sin contar los perjuicios para el sector.

Vaya por delante que tanto en Torrijos como en el centro del Parque Joyero hay también una serie de responsabilidades de las empresas adjudicatarias, que se arriesgan con ofertas muy a la baja a la espera de que luego puedan modificar proyectos y recuperar algo de presupuesto. Y es que la legislación vigente en materia de contratos resulta, a la vista de estos casos, mejorable en algunos aspectos y tal vez habría que empezar por ahí para evitar situaciones semejantes en el futuro. No es de recibo que los plazos para resolver la relación contractual entre una administración y una constructora se eternicen en el tiempo de esa manera. Habrá que buscar la fórmula para asegurar los derechos de la concesionaria, por supuesto, pero sin dañar de una forma tan fragante lo público, que es de todos.

Pero mientras todo eso ocurre, en esta Córdoba nuestra seguiremos como casi siempre, resolviendo los problemas a trompicones, mientras unos y otros siguen dibujando sus propios castillos en el aire. Así nos va.