AYER se sentó por primera vez en el banco azul Bibiana Aído, ministra de Igualdad, que inaugura una nueva cartera que, por lo que ella misma ha explicado, va a dedicarse a los problemas de discriminación de la mujer y la violencia machista, sin entrar en otro tipo de situaciones muy graves que se sufren hoy en esta España en la que se confunde diversidad con desigualdad.

Aído ha estrenado ministerio con dos noticias sobrecogedoras: en Guadalajara, un hombre ha asesinado a su ex mujer y a su nueva pareja y se ha suicidado después, todo ello delante de su hijo de cuatro años. En Murcia, un hombre ha asesinado a su madre, la ha decapitado, y se ha paseado con la cabeza debajo del brazo. En el primer caso existía una orden judicial de alejamiento para el asesino; en el segundo, la madre había denunciado en varias ocasiones a su hijo, esquizofrénico, y había explicado a policía y vecinos que se sentía en peligro de muerte.

La ministra se ha puesto sus mejores galas para inaugurar escaño azul, para asistir a la sesión solemne de la apertura de la nueva legislatura, y con toda certeza inicia su mandato con la convicción de que puede hacer un trabajo eficaz en el Ministerio de Igualdad. Sin embargo, es difícil comprender cómo va a poder empeñarse en esa labor con las escasas mimbres de las que dispone.

La creación de un Ministerio de Igualdad no significa necesariamente que el Gobierno vaya a contar con más elementos para luchar contra la violencia de género, nombre equivocado para una ley socialista que era absolutamente necesaria. El entusiasmo de Bibiana Aído choca con la realidad: la mejor manera de pelear contra quienes agreden y asesinan a sus mujeres, ex mujeres y novias, a sus padres o abuelos, o a sus hijos, es que funcione la Justicia, que los medios de protección sean eficaces, que se incremente de forma considerable el presupuesto de Interior para que puedan destinarse más policías a la protección de los que se encuentren en peligro, y que el Ministerio de Sanidad incluya entre sus prioridades la atención de los muchos ciudadanos que sufren trastornos bipolares, esquizofrenias, crisis de ansiedad y agresividad. Son excesivos los casos en los que el agresor cuenta con un diagnóstico esquizoide sin que la sanidad pública haya hecho poco más que recetar unas pastillas y enviarlo para casa.

Los jueces y fiscales no cuentan con medios suficientes para hacer un seguimiento de los casos, las autoridades no disponen de presupuesto para adquirir artilugios electrónicos de control o, como en el caso de Guadalajara, esos artilugios no son eficaces; y la policía y guardia civil explican que es absolutamente imposible vigilar a las centenares de mujeres maltratadas que correspondería a cada uno.

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